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Este documento fue preparado para un debate organizado
por la Fundación Carlos Pereyra, del Partido Democracia Social, en octubre de
1999. La
comunicación política, la
democracia mediática y
el derecho a la información Raúl Trejo
Delarbre Aunque se
contradicen con él, los medios de comunicación han llegado a ser –y así
seguirán siendo— el nuevo espacio público.
Quizá ningún otro ámbito de la sociedad se encuentra tan cerrado a la
participación de la gente. Partidos, sindicatos, universidades, organizaciones
ciudadanas, tienen membresías que constituyen un lazo permanente y estable (más
allá de la representatividad o no que tengan) con la sociedad. De ello depende
su viabilidad e incluso, su sobrevivencia. En cambio, y desde luego siempre hay
excepciones, los medios de comunicación de masas suelen dirigirse a la sociedad pero no necesariamente desde ella.
En el mundo contemporáneo, no
existe mecanismo de mayor influencia sobre las sociedades que los medios de
comunicación de masas. Hoy en día la política depende, indefectiblemente, de
la propagación que pueda encontrar en los medios. Partidos y candidatos y junto
con ellos cualquier institución o personaje que busque relevancia pública,
tienen que ganar espacios y a menudo también aquiescencias en los medios de
comunicación. Estos, no sólo determinan la cantidad, sino con frecuencia además
la calidad de los mensajes. El discurso político, hoy en día, suele ajustarse
a las exigencias mediáticas a tal grado que, más que programas, los candidatos
y partidos suelen presentar frases sueltas, capaces de ajustarse a los formatos
y e intervalos con que los medios dan noticia de los acontecimientos políticos.
En todo el mundo, se ha extendido la preocupación ante el predominio de
los medios en la conformación y en la definición de las agendas públicas. Si
los medios fuesen espacios abiertos a la pluralidad de las sociedades y a la
deliberación que requieren los asuntos públicos, esa inquietud sería menor.
Sin embargo, lejos de formar parte de las tendencias democratizadoras que de una
u otra manera se han propagado por los sistemas políticos de casi todo el
planeta, los medios de comunicación tienden a incrementar su enorme
influencia.se ascendiente, se alimenta de dos tendencias que forman parte de las
características inherentes a los medios contemporáneos. Por un lado, las
alianzas empresariales colocan bajo menos manos, el control de cada vez más
medios de comunicación. Al mismo tiempo, las innovaciones tecnológicas
permiten la propagación más lejos y para más gente, de los mismos mensajes
mediáticos.
De manera peculiar los medios electrónicos convencionales (la radio y la
televisión abierta) suelen ejercer esa capacidad de difusión en extenso para
reproducir mensajes de escasa originalidad creativa y, en el campo de la
información, con exigua investigación periodística. Difundir lo mismo a más
personas, abaratando exponencialmente los costos de producción en contraste con
los destinatarios de la programación común, sigue siendo más negocio que
hacer programas imaginativos y capaces no sólo de entretener sino además, de
formar a los públicos.
Sin desplazar a los medios electrónicos tradicionales, las nuevas
tecnologías también han abierto posibilidades para diversificar los espacios
de comunicación. Por una parte, el uso de la fibra óptica y de la transmisión
satelital, permiten extender casi sin límites la cantidad de canales
disponibles para transmisiones de audio y video. La oferta de contenidos cuenta
con nuevos cauces para llegar a sus posibles públicos. Simultáneamente, la
telefonía celular y la Internet están experimentando crecimientos
exponenciales.
Esos cambios exigen diagnósticos mesurados. No estamos ante la aldea
global que algunos soñaron hace tres décadas o que incluso, hay quienes con
demasiado entusiasmo suponen que ya tenemos ahora. Tampoco nos encontramos en la
situación de los años setenta, cuando parecía que el espacio público quedaría
irremediablemente subyugado por la televisión convencional.
El auge de las comunicaciones llega a todo el mundo, pero no a todas las
personas. Hay teléfonos celulares y conexiones a la Internet en prácticamente
todos los países, pero en los segmentos más pobres del mundo esos recursos están
--y seguramente seguirán estando-- fundamentalmente en manos de las élites. Al
mismo tiempo, conforme se extienden, esos recursos son empleados de nuevas y
variadas maneras, incluso por gente que jamás pensó que sus mensajes pudieran
llegar a destinatarios en todo el mundo. La telefonía inalámbrica permite la
conexión de comunidades antaño casi irreparablemente aisladas, especialmente
en zonas rurales. La comunicación satelital, lleva las señales internacionales
de televisión a sitios en donde apenas se sintonizaba la radio. La Internet,
conecta a ciudadanos de todo el planeta en torno a preocupaciones muy específicas,
pero está lejos de desplazar a las formas convencionales de participación y
decisión en las sociedades, a diferencia del apasionamiento con que algunos
hablan de una nueva democracia electrónica.
Los nuevos recursos comunicativos no anulan el carácter, ni las prácticas
autoritarias de los medios masivos convencionales, pero constituyen contrapesos,
a veces significativos, delante de ellos. La otra gran fuente de exigencias
delante de la televisión, la radio y la prensa (la cual en comparación con los
medios electrónicos tiene audiencias numéricamente modestas, pero
cualitativamente importantes) es el afán de los núcleos sociales más activos
para valorar los mensajes de los medios e incluso, para replicar delante de
ellos.
En las sociedades políticamente más desarrolladas, el escrutinio
ciudadano de los medios se ha convertido en una práctica asidua y fructuosa
para atemperar el autoritarismo de los medios. Al asumir a los medios como parte
del espacio público y no como acaparadores o sustitutos de él, sus
contribuciones y debilidades se reconocen de manera abierta.
Los medios suelen ser tema de discusión, especialmente en dos grandes áreas.
Por un lado, es frecuente la controversia acerca de sus efectos en la formación
ciudadana y moral de las personas. Especialmente, causan preocupación las
implicaciones que puedan tener en
los espectadores más jóvenes, los contenidos de carácter violento o
apropiados para adultos.
Por otra parte, suele ser motivo de debate la distorsión de los asuntos
públicos cuando pasan por el tamiz de los medios de comunicación. En
ocasiones, se advierte la decisión política (que puede estar influenciada
desde el gobierno u otros poderes) para soslayar o censurar contenidos incómodos
o polémicos. En otros casos, los mismos medios distorsionan los asuntos públicos
al manejar su difusión con parcialidad o sensacionalismo. Es frecuente la
difuminación de la frontera entre la vida privada y los deberes institucionales
de los personajes públicos.
No existe un esquema que pueda considerarse universalmente aceptado, ni
eficaz, para resolver las permanentes dificultades de la compleja relación
entre medios de comunicación, sociedad y Estado. Pero cada vez en más
naciones, tienden a establecerse marcos regulatorios que se sustentan en el
reconocimiento de que, igual que cualquier otra, la libertad de información y
comunicación necesita ser estatuida en leyes y normas capaces de garantizarla.
Los marcos legales para los medios, suelen regular el derecho de los
particulares a instalar y poseer estaciones transmisoras de televisión y radio.
En cada vez más situaciones, se
establecen límites a la propiedad de varios medios por parte de una persona o
un grupo de inversionistas. También, en esos marcos regulatorios, son
frecuentes las garantías para que los ciudadanos puedan inconformarse ante la
divulgación de contenidos que los difamen o transgredan su privacía.
En numerosas naciones, la existencia de reglas para la comunicación no
significa limitaciones para la libertad de expresión. Al contrario, el derecho
de la información tiende a reconocer que sin normas, esa libertad queda
solamente en manos de quienes tienen recursos o prerrogativas para poseer o
manejar medios de comunicación.
Una vertiente cada vez más explorada en muchas naciones, más allá de
las leyes pero sin contradicción con ellas, es el establecimiento de parámetros
éticos con los cuales las empresas de medios, o las comunidades de periodistas,
se comprometen a autorregularse. En ningún sitio, los códigos de ética
sustituyen a las leyes. En muchos, en cambio constituyen un recurso que con
frecuencia permite que los litigios dentro de los medios y especialmente entre
ellos y los ciudadanos, puedan resolverse en instancias previas a los
tribunales.
Esas circunstancias, llegan a propiciar una diversidad de emisores que no
suele existir en los países sin regulación de los medios. Tal variedad, suele
ser uno de los elementos más sólidos para propiciar y mantener, de manera
democrática, el debate acerca de los asuntos públicos más relevantes.
En México, los
medios electrónicos de comunicación han experimentado una apertura notable en
comparación con la parcialidad que solía distinguirlos hasta hace pocos años.
Sin embargo las leyes para la comunicación, la propiedad de las empresas de ese
ramo, la falta de recursos de sus públicos para influir respecto de ellas y la
supeditación de prácticamente todos los actores de la vida pública a la
hegemonía de los medios, siguen siendo tan ostensibles como antes. El de la
prensa es un caso aparte: hay abundantes publicaciones, de muy variable calidad,
constreñidas a públicos exiguos.
La televisión y antes la radio, se desarrollaron como industrias ante la
notable indolencia del gobierno federal. A diferencia de muchas otras naciones
que consolidaron ordenamientos legales y sistemas de medios públicos capaces de
atemperar el dominio de otras maneras irrefrenable de los medios electrónicos,
en México el poder político asumió con ignorancia, tardanza e incluso
incomodidad, el tema de la comunicación social. Resultado de esas condiciones,
es la permanencia de leyes atrasadas e ineficaces pero además, la flagrante
impunidad con que suelen desempeñarse los medios electrónicos.
Hay docenas de leyes, reglamentos, decretos y otros ordenamientos que
contienen disposiciones relativas a los medios de comunicación. Esa dispersión,
implica entre otras cosas una enorme eficiencia para ubicar a los medios en una
normatividad clara, equitativa y capaz de ser cumplida por todos los actores del
proceso de la comunicación. Las leyes más importantes, son la de Imprenta que
fue promulgada en 1917 y la Federal de Radio y Televisión, de 1960.
Las insuficiencias y limitaciones de estas leyes, son conocidas aunque no
por ello han sido revisadas ni sustituidas por un cuerpo normativo tan moderno
como los medios de comunicación que debiera regular. La Ley de Imprenta, aunque
establece el derecho de réplica, está orientada por una concepción de
moralidad tan anticuada que, si se pusiera en práctica, implicaría la censura
de numerosas publicaciones que ahora circulan. La ley de radio y televisión
deja en manos de un solo funcionario –el secretario de Comunicaciones y
Transportes-- la asignación y,
eventualmente, la cancelación de las concesiones para los medios electrónicos,
carece de recurso alguno para que los ciudadanos se puedan inconformar ante los
contenidos de esos medios y es tan obsoleta que no contempla la transmisión por
cable o satelital, ni la difusión de mensajes por video y otros recursos de
propagación de imágenes y sonidos. Por ejemplo: para esa ley, sistemas como
Multivisión o Cablevisión no son televisión, porque no transmiten según los
parámetros antaño convencionales, de manera abierta y por el espacio aéreo.
El atraso de esas leyes, resulta más patético en contraste con el
desarrollo político que han experimentado el resto de la sociedad y las
instituciones mexicanas. El carácter autoritario, discrecional, unilateral y
arcaico del régimen legal para los medios en México es reconocido, de una u
otra manera, por casi todos los actores del proceso de comunicación de masas.
Sin embargo, las empresas de comunicación e incluso algunos de los
comunicadores que trabajan en ellas, suelen preferir la ambigüedad o la
obsolescencia de las leyes, antes que su revisión y actualización. Hay
quienes, con convicción, piensan que la revisión de las leyes para los medios
podría traducirse en diques que ahora no existen, para la libertad de expresión.
Otros, especialmente algunos de los empresarios más poderosos en ese terreno,
prefieren la ambigüedad de las leyes actuales y el régimen de entendimientos
oficiosos al que han llegado con el gobierno, antes que la existencia de nuevos
ordenamientos que podrían afectar los privilegios que ahora tienen.
El de las leyes para la comunicación, es un tema que ha sido
reiteradamente redimido por algunos legisladores y trabajadores de los medios,
lo mismo que invariablemente cancelado por las élites políticas y por los dueños
de las empresas de información más poderosas.
En varias ocasiones en el último cuarto de siglo, se ha repetido la
misma rutina para preservar el estancamiento legal acerca de los medios: cuando
el gobierno o algunos legisladores proponen actualizar ese marco jurídico, se
sobreviene una andanada de admoniciones contra la que, según se dice, es una
tentativa para amordazar a los medios. Quienes quedan amordazados, entonces, son
aquellos que se ha propuesto impulsar una reglamentación moderna para la
comunicación.
Los concesionarios de la televisión y la radio y algunos influyentes dueños
de periódicos, suelen encontrar intenciones restrictivas en cualquier propuesta
para renovar las leyes aplicables a los medios. Algunos periodistas y
trabajadores de la comunicación, en parte llevados por su natural desconfianza
a prácticamente todo lo que provenga del poder político, llegan a compartir
esas aprensiones. El gobierno federal, curiosa pero lamentablemente, suele
encabezar esa oposición a actualizar las leyes para la comunicación. En los
sexenios más recientes y de manera más enfática en el actual, los
gobiernos mexicanos han sostenido que dictar leyes para los medios
significaría coartar su derecho a la expresión (“la libertad de prensa no se
reglamenta: se conquista y se ejerce”), se dice con tan demagógica como
ignorante retórica. Y es que en México esa libertad ya está reglamentada,
pero de manera atrasada e insuficiente.
Los partidos políticos, todos ellos, han tenido una posición titubeante
delante de ese asunto. Prácticamente en todos, se reconoce la necesidad de
reformar las leyes para los medios en México. Sin embargo, habitualmente
ninguno de ellos se anima a ubicar esa tarea entre sus prioridades políticas o
legislativas. Le tienen miedo a la hostilidad que una posición así podría
suscitar en algunos de los medios más importantes.
Las pocas veces que a los partidos les inquieta la situación de los
medios, es para buscar más espacio gratuito en su propio beneficio, o para
proponer que los noticieros destinen más minutos a las campañas electorales.
Cuando algunos de sus integrantes se interesan por la reforma de los medios,
suelen quedar aislados y sin respaldo de esas organizaciones políticas. Hoy en
día, gobierno y partidos –y junto con ellos, la sociedad--
se encuentran en una situación de rehenes respecto de los medios más
influyentes y autoritarios. Hay apertura, de manera notable y constatable, pero
sólo en los términos, las ocasiones, los espacios y para los protagonistas que
los medios eligen como beneficiarios de tal flexibilidad. Y si desde el universo
partidario y legislativo hay una mezcla de temor, ignorancia y pasmo respecto de
los medios, en el gobierno se mantiene una reiterada evasiva para cumplir con
las responsabilidades más elementales en ese terreno: las autoridades
gubernamentales para los medios (en la dirección de RTC de la Secretaría de
Gobernación, o en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) suelen ser
pasivas y obsequiosas, o se comportan como si estuvieran al servicio de los
empresarios de ese ramo y no de los ciudadanos. ALGUNAS
PROPUESTAS
La reforma de los medios de comunicación tendría que haber sido parte
de la reforma del Estado, a la par que la actualización de la legislación
electoral. De hecho, este asunto amerizaría una atención tan destacada como la
que han recibido las reglas para que los votos cuenten y se cuenten. Podría
pretenderse que los medios, medien y no mediaticen.
Las coordenadas de esa reforma, independientemente de cuáles medidas
pudieran ser de obtención inmediata y cuáles a mediano plazo, podrían
establecerse a partir de los fines que se pretende para los medios. Así es como
ordenamos las siguientes propuestas. A)
Medios para la sociedad.
La sociedad debiera dejar de ser solamente destinataria de los mensajes
masivos. Siempre lo es, pero quedar reducida a espectadora, cuando en muchos
sentidos puede ser actora, empobrece notablemente la calidad ciudadana de
nuestra democracia.
En ese interés, podría pretenderse el establecimiento de facilidades
para la apertura o consolidación de medios de comunicación cuyo propósito
primordial no sea lucrativo: radios y televisoras universitarias, de grupos
comunitarios, de agrupaciones civiles y/o de partidos políticos. Exenciones
fiscales, permisos de importación de equipo, respaldos crediticios y otro tipo
de apoyos, favorecerían a tales empresas. Es pertinente abolir la distinción
legal entre medios concesionados y permisionados que a estos últimos, que
suelen ser de carácter cultural, les impide comercializar espacios, dejándolos
en condiciones de desventaja frente a los medios fundamentalmente mercantiles.
Además podría reglamentarse el uso social del tiempo que hasta ahora,
encontrándose destinado al Estado, es ejercido casi exclusivamente por el
gobierno federal. El 12.5% del tiempo total de transmisiones de las radio y
televisoras concesionadas, es una papa caliente en manos de funcionarios sin
interés para utilizarlo y más preocupados por las incomodidades que su cabal
empleo pueda suscitar en los empresarios de esa industria, que en organizar y
extender el uso de tales espacios.
Hay medidas adicionales para promover el empleo social de los medios:
centros de producción accesibles a grupos ciudadanos, con acuerdos que permitan
la difusión de los mensajes allí elaborados; fomento a las producciones
universitarias; espacios institucionales (y no sólo a merced de la tornadiza
voluntad de funcionarios del gobierno o de los dueños de radio y televisoras)
para transmitir, sin censura alguna y en horarios decorosos, los programas de
esa índole.
Medidas como esas, tenderían a fortalecer una idea de medios públicos
que hasta ahora ha sido casi inexistente en México: empresas con aportaciones
estatales pero a cargo de grupos e instituciones independientes, o con un
financiamiento tan heterogéneo y una situación legal que les permitiera no
estar supeditadas a vaivenes o restricciones de carácter burocrático. Pensamos
en un esquema como el de la televisión pública en los Estados Unidos (PBS) que
es financiada con recursos federales, estatales y municipales, al mismo tiempo
que con aportaciones de sus públicos a través de la cuota que pagan al
suscribirse a los sistemas de cable que conducen esa señal.
El punto central en este apartado, sería la apertura y la plena
transparencia en la asignación y revisión de las concesiones para los medios
electrónicos. Actualmente, la SCT no sólo decide a su arbitrio quiénes pueden
y quiénes no pueden transmitir por radio y televisión. Además, las
autoridades de esa Secretaría y a través de ellas el gobierno federal,
mantienen en un inaceptable secreto los datos sobre vencimiento y características
de los títulos de concesión. En la medida en que esas decisiones y esa
información sean transparentes, los grupos de empresarios que quieren y pueden
incursionar en la comunicación de masas encontrarían respuesta justa a esas
pretensiones legítimas. B)
Sociedad para los medios. En México el
único derecho que tienen los públicos de los medios, como tales, es la
prerrogativa de apagar el televisor o el radio. Carecemos de una legislación
que reconozca el derecho de los destinatarios de la comunicación de masas para
aclarar y rectificar pero también, para opinar, proponer, matizar y discrepar
acerca del contenido de los medios.
La sociedad podría tener un papel menos pasivo delante de los medios, de
dos maneras que pueden ser complementarias. Por un lado, la legislación podría
reconocerles personalidad jurídica, para propiciarlas, a las asociaciones de
radioescuchas, lectores o televidentes que se organizaran según el interés
específico de los públicos de cada medio o por ciudades, o regiones. Esas
agrupaciones, como expresión directa de la sociedad, podrían tener derecho a
ser atendidas por los responsables del medio en cuestión e incluso, a contar
con espacios para opinar acerca de los contenidos que reciben. Al mismo tiempo,
podría estimularse la educación para leer
a los medios. De los medios, se obtiene mejor provecho en la medida en que se
conoce cómo funcionan, qué géneros emplean, cuáles pueden ser sus efectos e
incluso, en donde termina la recreación de la realidad y en dónde comienza la
ficción.
Agrupaciones de ciudadanos interesados en los medios y educación para la
recepción crítica, son dos recursos que involucran a la sociedad con las
empresas e instituciones de comunicación y que han sido desarrollados con
experiencias de gran interés en otros sitios de América Latina. Con tales
recursos, se busca fortalecer las capacidades de la sociedad activa para
interactuar con los medios y no ser solamente pasiva espectadora de ellos. En México,
esos instrumentos han sido muy escasamente utilizados. C)
Medios para la democracia.
Los medios de comunicación, en su gran mayoría, son negocio. Es ingenuo
pretender que el interés mercantil quede desplazado de los propósitos de sus
propietarios y operadores. Pero además la sociedad tiene derecho a que, sin
dejar de tener como meta la rentabilidad económica, los medios sean
instrumentos de servicio y de educación cívica.
En México, ya tenemos una relativa pero constatable apertura en la
diversidad política de los medios de comunicación. Pero esa pluralidad, no
siempre se traduce en mejores contenidos.
No puede esperarse que los medios, solamente con cambios legales, alteren
la conducta que hasta ahora ha sido habitual y, de la noche a la mañana, se
conviertan en adalides y promotores de los valores democráticos. Pero tampoco
parece posible que, sin reformas legales, los medios abandonen las inercias que
durante varias décadas los han convertido --salvo excepciones, claro--
en reductos de maniqueísmos, simplificaciones e intolerancias, en la
apreciación que difunden acerca de los asuntos públicos más diversos.
La democracia no se instituye por decreto. Pero una de las consecuencias
al mismo tiempo que uno de los motores para avivar y profundizar la democracia,
radica en las reformas legales.
En México, vale la pena repetirlo, tenemos un régimen profundamente
autoritario en materia de comunicación social. Abundan las sugerencias para
comenzar a cambiar esa situación. En los archivos de la Comisión de Radio y
Televisión de la Cámara de Diputados, se conservan varias iniciativas,
actualmente en virtual congelamiento, para actualizar algunas leyes y en otros
casos, para crear una auténtica Ley Federal de Comunicación Social.
Entre otros, la mayor parte de esas propuestas coinciden en los
siguientes ejes:
a) Quitarle al gobierno la facultad de decidir, al margen de otros
actores públicos, la asignación y revisión de las concesiones de radio y
televisión. Las concesiones deben ser otorgadas solamente por concurso y
tomando en cuenta no sólo la capacidad financiera de las empresas interesadas
en ellas, sino antes que nada aptitud profesional y proyectos de programación.
b) Establecer mecanismos de participación de la sociedad en la
deliberación --sin que signifique posibilidad alguna de censura--
acerca del contenido de los medios. La fórmula más reiterada, que se
asemeja a espacios de participación y decisión que existen en otros países,
es la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación Social.
c) Garantizar el derecho de réplica en todos los medios y preservar el
derecho de todos los ciudadanos a la vida privada.
d) Sancionar las calumnias y las injurias de los medios, cuando ocurran
de manera dolosa y sin que se hayan aceptado las rectificaciones de los
afectados. La libertad de expresión no debiera ser patente de impunidad.
e) Defender los derechos de los trabajadores de los medios, comenzando
por el derecho de expresión y los de carácter laboral.
f) Reglamentar la obligación del Estado para informar acerca de los
asuntos públicos.
g) Asegurar el derecho de la sociedad a conocer la información básica
acerca de la situación de los medios. Hoy en día, no existen datos confiables
a la vez que actuales, acerca de audiencias y circulación. D)
Medios de Estado, no del gobierno
La apertura política no tiene por qué significar la desaparición de
los medios a cargo del gobierno. Pero sí es incompatible con la permanencia de
medios que, siendo financiados con recursos públicos, suelen estar dedicados a
promover solamente al gobierno, o a una secretaría de Estado --o, peor, a un
funcionario--.
Los medios sostenidos con fondos fiscales deben ser de carácter público.
Eso significa que estén a cargo del Estado, pero sin depender del gobierno. Las
estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, los canales de televisión 11 y
22, Radio Educación, la Agencia de Noticias Notimex y otros medios en
condiciones similares, pueden desempeñar un papel de enorme relevancia en la
consolidación de un espacio público regido por criterios no mercantiles en el
espectro de los medios mexicanos. Para ello, es necesario que su presupuesto sea
actualizado y garantizado de acuerdo con la relevancia de su función social.
Junto con ello, es indispensable que, funcionando como organismos
desconcentrados dentro de la administración pública, tengan órganos
directivos y autonomía tal, que su funcionamiento no sea afectado por los
cambios de gobierno.
Algo similar podría establecerse con los medios que ahora son propiedad
de algunos gobiernos estatales.
El gobierno federal, desde luego, tiene derecho a contar con espacios
propios para la difusión de sus mensajes. Los tiene y es pertinente que
conserve algunos de ellos las frecuencias abiertas en virtud del 12.5% del
tiempo estatal. En medios públicos como los antes mencionados, el gobierno
tendría un acceso garantizado y sistemático. Adicionalmente a esos espacios,
el gobierno tiene derecho a transmitir durante media hora diaria en cada estación
de televisión y radio. Es indispensable que rinda cuentas detalladas y claras
de ejercicio de esos recursos en materia de comunicación.
Además del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen derecho
a contar con espacios e incluso, con medios propios. El canal de televisión del
Congreso, cuyo funcionamiento ha sido dificultado por carencias presupuestales e
indecisiones internas pero fundamentalmente por la injustificada negativa del
gobierno federal a otorgarle una frecuencia en la televisión abierta, podría
constituir un espacio de información y deliberación capaces de fortalecer la
cultura democrática.
Es deseable que los mensajes del gobierno en los medios electrónicos, se
propaguen en ejercicio del tiempo estatal. Parece inexcusable que, contando con
ese tiempo, el gobierno federal o cualquier otra institución estatal gasten
recursos, a veces en cantidades muy importantes, contratando publicidad en la
radio y la televisión. Una de las mayores expresiones de negligencia en ese
aspecto, es la disposición de la legislación electoral que faculta al
Instituto Federal Electoral a gastar dinero en la compra de espacios para las
campañas de los partidos, pudiendo aprovechar plenamente los tiempos que
resultan del ejercicio del 12.5%
En los medios impresos, es impostergable la transparencia en el ejercicio
de recursos publicitarios. Aunque en algunas dependencias existen reglamentos
para tal efecto, en muchos casos la compra de espacios publicitarios sigue
siendo un notable recurso para que el gobierno federal, los gobiernos estatales
y otras instituciones públicas, presionen y sobornen a diarios y revistas. No
es indebido que el gobierno o cualquier institución, gasten dinero para
anunciarse en los medios impresos. Lo que resulta ilegítimo, es que lo hagan
con el propósito de influir en su línea editorial y, por añadidura, a
escondidas. Es preciso reglamentar ese gasto publicitario a fin de que sea
ejercido de manera transparente, tomando en cuenta la circulación real de las
publicaciones en donde se contratan anuncios y también, su calidad y características
específicas. También puede establecerse la obligación de todos los diarios y
revistas para añadir la leyenda "inserción pagada" a los materiales
de esa índole.
Es pertinente discutir la posibilidad de establecer en México un
programa de ayudas a la prensa, a semejanza del que existe en países como
Francia, para publicaciones que de otra manera no podrían editarse y cuyo
contenido justifique ese respaldo estatal. E)
Hacia la Sociedad de la Información
Las novísimas tecnologías de la información, abren una hasta hace poco
insospechada posibilidad para diseminar conocimiento de manera directa entre los
ciudadanos. A diferencia de los medios convencionales, la Internet permite que
cada usuario, si quiere, interactúe con los emisores de los contenidos que
recibe y además, pueda poner en circulación sus propios mensajes. Las
capacidades que la Internet ofrece para la enseñanza a distancia, la información
plural y la deliberación de los más variados asuntos, son tan extensas como
sus usos para la disipación en todos los sentidos.
Numerosos países y regiones del mundo, han puesto en práctica políticas
de fomento para el desarrollo de la Internet entre sus ciudadanos. Inclusive
naciones con tantos o más rezagos sociales que la nuestra, han entendido que
ponerse al día en el empleo de ese recurso informático, es una manera de no
demorarse más respecto del desarrollo tecnológico, cultural y mercantil.
México constituye una lamentable excepción en ese panorama. El Programa
Nacional de Desarrollo Informático se dedica, fundamentalmente, a glosar el uso
de la computación en las dependencias del gobierno y se ocupa muy poco del
desarrollo de la Internet. Una política nacional en ese aspecto requeriría,
entre otros aspectos, de: a)
Políticas para
abatir costos de conexión; b)
Facilidades y estímulos
para la adquisición de equipos de computo a bajo precio; c)
Capacitación a los
usuarios de la Internet; d)
Promoción para la
creación de sitios web que rescaten y
propaguen nuestra cultura nacional; e)
Utilización de la
red de redes para acercarnos al resto de América Latina f)
Diversificar los
accesos a la Internet de manera gratuita, o a precios muy bajos, en sitios públicos:
bibliotecas, oficinas postales, mercados, oficinas de gobierno. g)
Internet para todos
los maestros y en todas las escuelas del país. F)
Medios con ética Más allá de
los ordenamientos legales, los medios de comunicación pueden pertrecharse y a
la vez crear puentes de compromiso e identificación con la sociedad, a través
del establecimiento de códigos de ética. Tales códigos, señalan criterios
para el manejo de la información y eventualmente, de los contenidos de otra índole
y representan el criterio de los editores, y/o los trabajadores, de la empresa
que se compromete con esos valores.
Es un error suponer que los códigos de ética pueden surgir de una
obligación jurídica. La ética no sustituye a las leyes, pero tampoco depende
de ellas, como a veces se piensa. Pero en cambio, la promoción de tales códigos
y de la noción misma de esa forma de compromiso de los medios con sus públicos,
pueden ser respaldadas por los ciudadanos y los partidos políticos interesados
en que tengamos una comunicación comprometida con sus la sociedad.
A fin de facilitar la aplicación de las pautas establecidas en los códigos
de ética, es posible la creación de comisiones de pares en las redacciones, o
de ombudsman de los medios. La existencia de esos defensores de los lectores, o
de los públicos de los medios, solo es útil en la medida en que en torno a
ellos existe un compromiso moral --ético-- a la vez que público, de las
empresas de comunicación y sus trabajadores. Es inconveniente pensar en un
ombudsman para todos los medios. Los litigios que habría en torno a su
designación, acabarían por echar a perder la utilidad de esa figura cuyo mayor
respaldo se encuentra en la responsabilidad gremial que sea capaz de concitar. --0--
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