Encuestas

Encuestas: un espejo de la sociedad

Sondeos, partidos y medios en la

Entendidas como recursos de la sociedad lo mismo que del poder político, las encuestas se han convertido en instrumentos de diagnóstico cada vez más útiles durante las temporadas de competencia electoral. Las encuestas son uno de los instrumentos más útiles, pero en ocasiones también más inacabados, de los que se puede disponer para conocer los estados de ánimo de la sociedad. Con alguna frecuencia, los medios de información dan a conocer datos de ejercicios que no tienen el rigor metodológico deseable en una encuesta capaz de reflejar la opinión de una colectividad compleja como las que hay en cada ciudad o estado o, más aún cuando se busca medir el parecer nacional de los ciudadanos. Una metodología que pueda considerarse seria, tiene que explicar las dimensiones de la muestra que emplea, el método de levantamiento de cuestionarios y sus márgenes de error, entre otros requisitos [2].

Conforme sus diagnósticos se vuelven más influyentes, las encuestas resultan más polémicas. En México, si bien desde los años sesenta se levantaban algunos estudios de opinión, ese instrumento fue empleado con más frecuencia –pero no siempre con acuciosidad, ni profesionalismo— en ocasión de las campañas presidenciales de 1988. Hubo quienes, entonces, se aferraron de las encuestas con apasionada fe, igual que otros las descalificaron con vehemente ignorancia. Y es que no se les puede avalar, ni desautorizar, a priori. Las encuestas son respetables, o no, según la seriedad de sus metodologías. Y en todo caso nunca se les puede tomar como pronósticos del comportamiento de los ciudadanos sino, estrictamente, como radiografías de la opinión de un segmento de la sociedad en una circunstancia específica. En este ensayo presentamos algunas breves consideraciones sobre la utilidad de las encuestas preelectorales, luego mencionamos el marco jurídico que las ciñó en los comicios de 1997 y más adelante, recopilamos y comparamos los resultados de cinco series de encuestas, de distintas magnitudes y alcances, realizadas entre enero y junio de ese año en la ciudad de México.

En 1997 la disputa por el gobierno de la ciudad de México se concentró en dos candidatos principales: Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática y Alfredo del Mazo, del Revolucionario Institucional. El tercer candidato en importancia era Carlos Castillo Peraza, del Partido Acción Nacional. En las encuestas revisadas para este ensayo, se aprecia la tendencia de adhesión ciudadana a favor de Cárdenas, que finalmente ganaría las elecciones con el 48% de los votos. Pero además, se advierte el ascenso primero y luego la caída en las expectativas de voto a favor de los candidatos del PRI y el PAN. En esas elecciones también compitieron Pedro Ferriz Santacruz por el Partido Cardenista, Baltasar Ignacio Valadés Montoya del Partido Demócrata Mexicano, Manuel Fernández Flores del Partido Popular Socialista, Viola Trigo por el Partido del Trabajo y Jorge González Torres por el Partido Verde Ecologista de México.

Gracias a las encuestas que hemos revisado, podemos saber en qué coyunturas (en algunos casos incluso en qué días) se modificaron o se afianzaron de manera sustancial las tendencias de opinión preelectorales a favor de uno u otro de los aspirantes a ese cargo –especialmente, es notoria la consolidación paulatina y como habría de verse irreversible, en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas--.

Herramientas de democracia

y –también-- para la simulación

Las encuestas son especialmente necesarias cuando se reconoce que en la sociedad hay tendencias de opinión susceptibles a numerosas influencias y que, por lo tanto, pueden variar. En la medida en que una sociedad es más compleja, mayor utilidad tiene la medición de los estados de ánimo políticos (y en otras asignaturas) de quienes la componen. En palabras del politólogo español Ramón Cotarelo: “La democracia es un régimen político en que el poder recae sobre quien concita una mayoría de voluntades a su favor. Por tanto, es vital para los que por él compiten conocer con la máxima exactitud posible el ánimo de la población. La democracia, en el fondo, es un mercado. De ahí que sea tan útil, conveniente (y provechoso para algunos) realizar y publicar sondeos y encuestas que midan periódicamente el estado de la opinión” [3].

El problema, claro, radica en la oportunidad y la escrupulosidad con que sean elaborados y publicitados los datos sobre el estado de la opinión social. Las encuestas y sus resultados, de esa manera, se convierten no sólo en recursos para el autoconocimiento de las sociedades –e incluso para conocer el grado de desarrollo político de una sociedad específica-- sino, además, de autolegitimación del poder político. Alejandro Moreno, quien elaboró en la Universidad de Michigan un trabajo sobre encuestas mexicanas, ha considerado que el surgimiento de ese instrumento para conocer la opinión de la sociedad es uno de los signos de liberalización en un sistema político que ha tenido rasgos autoritarios. Además, “las encuestas de opinión pública son también una herramienta política para la construcción de apoyo a las políticas públicas tanto en los regímenes democráticos como en los no democráticos” [4]. El empleo de estudios de opinión resulta cada vez más amplio en todo el mundo. Pero todavía, prácticamente en todas partes siguen existiendo dudas sobre la seriedad de ese recurso para medir el estado de ánimo, en temas específicos, en momentos también peculiares del desarrollo de la sociedad.

La suspicacia que en la sociedad así como en las élites políticas se expresa a menudo respecto de las encuestas, se debe tanto al insuficiente conocimiento sobre las posibilidades y limitaciones de tales herramientas, como a los abusos en que llegan a incurrir empresas y negociantes de ese ramo. En México, reciente aún, el empleo de las encuestas no ha sido tan generalizado ni tan frecuente que se pueda decir que ya forme parte de los recursos de los ciudadanos y del sistema político para reconocerse mutuamente. Las encuestas más usuales, al menos las que son públicamente conocidas, se han dedicado a medir la preferencia de los votantes en temporadas preelectorales. En esas coyunturas, como se indica más adelante al reseñar algunas de las encuestas levantadas antes de los comicios de julio de 1997 en la ciudad de México, puede saberse qué opinan y casi con precisión a partir de qué acontecimientos modulan o incluso cambian sus juicios los ciudadanos en aptitud de acudir a las urnas. Pero son pocas las empresas de demoscopía y sus patrocinadores (en el caso de las encuestas que son conocidas públicamente el financiamiento suele provenir de uno o varios medios de comunicación) que mantienen esos ejercicios de medición de la opinión social por lapsos suficientes para que sus públicos se habitúen a ellos. Al mismo tiempo, todavía existen medios de comunicación y empresas de reputación dudosa dispuestos a maquilar encuestas de metodología sospechosa [5].

Pero quizá el principal ingrediente que tiñe de suspicacias a las encuestas, es el lucro que hacen con ellas no pocos candidatos y dirigentes políticos. Cuando un sondeo de opinión les resulta favorable, lo encomian como si se tratase de un oráculo infalible. Cuando en las encuestas no les va bien, las descalifican aduciendo que responden a intereses adversos a ellos.

Durante el proceso previo a las elecciones de julio de 1997, en México tuvimos una catarata de encuestas, sobre todo acerca de las preferencias de voto en el Distrito Federal. Esos diagnósticos servían para tomarle el pulso a la opinión política de los capitalinos, pero además, sobre todo a partir de mayo, para afianzar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En otras ocasiones –por ejemplo a fines de sexenio anterior-- los sondeos de opinión permitieron constatar el consenso social que en coyunturas específicas, tenía el gobierno federal.

En su ya citado ensayo, Moreno revisó encuestas sobre el desempeño presidencial en años anteriores y concluyó que: “No hay ningún político en las sociedades democráticas o autoritarias que no desee ser favorecido por los resultados de las encuestas. Cuando eso ocurre se puede generar un apoyo mayor hacia ellos y su política. Sin embargo, la pregunta de si México se ha vuelto más democrático no se puede responder por medio de los resultados de las encuestas de opinión que muestran insatisfacción o acuerdo con el gobierno. Esta pregunta sólo podría responderse si existen instituciones políticas que no sólo garanticen que los gobernantes puedan construir efectivamente apoyo popular para sus políticas, sino también que esos gobernantes puedan provenir de cualquier partido político. Como una medida de las preferencias políticas, las encuestas han desempeñado un papel importante en reducir la probabilidad y la magnitud del fraude electoral, práctica que ha sido común en México. Asimismo, les han dado voz a quienes raramente expresan sus puntos de vista políticos. Cabe afirmar que el papel de las encuestas de opinión en un régimen en transición puede ser ambivalente: por una parte, se las puede ver como una contribución al desarrollo de la democracia; pero por otra pueden verse como un elemento de manipulación” [6].

Ahora que estamos afianzando una cultura de las encuestas, conviene advertir sus posibilidades y limitaciones. Hay quienes quisieran reglas forzosas para que la metodología en todas las encuestas fuera la misma. Pero incluso en la posibilidad para equivocarse y ser poco serias, las encuestas, en su proliferación, son parte de la diversidad democrática. Los ciudadanos aprenderán a reconocer su opinión en las encuestas bien hechas y a despreciar a los encuestadores y empresas que antepongan la ventaja financiera, o sus anteojeras políticas, a la escrupulosidad de los resultados. Es cuestión de tiempo, pero también de decisión de quienes hacen y contratan estudios de opinión en México.

El marco legal: restricciones,

preocupaciones y sanciones

Desde hace varios años, la legislación electoral mexicana regula la publicación de encuestas relativas a los comicios federales. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prohíbe dar a conocer resultados de sondeos desde ocho días antes de la fecha de las votaciones y durante todo el día de la elección. Además, quienes realizan encuestas sobre preferencias electorales están obligados a entregar una copia del estudio completo al Instituto Federal Electoral. La primera taxativa es discutible pues no está demostrado, al menos de manera contundente, el efecto que tienen los sondeos poco antes de una elección. La segunda obligación, en cambio, puede implicar que la autoridad electoral decida metodologías de investigación, lo cual va más allá de sus funciones para organizar los comicios. Las disposiciones de la ley electoral de 1996 referentes a los estudios de opinión reiteraron taxativas que ya existían, e incorporaron elementos nuevos como el relativo a las pautas metodológicas y sanciones para quienes no cumplan los plazos de abstinencia en la divulgación de resultados de encuestas [7].

Por lo menos algunas de las limitaciones para la realización y divulgación de encuestas electorales en México pueden ser consideradas como restrictivas de la libertad de investigación, que siempre está ligada a la de difundir sus resultados y desde luego, a las libertades de expresión e información. ¿A cuento de qué paternalismo, se les impide a los ciudadanos saber datos que representan las opiniones de la sociedad? Puede considerarse que esa restricción es contradictoria con las disposiciones constitucionales sobre libertad de información.

En qué medida la publicación de resultados influye a los votantes, es algo discutible y forma parte de los temas de debate vigente entre los especialistas en demoscopía. De cualquier manera, los legisladores y los partidos políticos mexicanos han considerado que las encuestas pueden desorientar a los electores y de allí la limitación jurídica para la publicación de resultados, que no es reciente.

En elecciones anteriores las reglas no eran escrupulosamente respetadas. Por ejemplo, el 17 de agosto de 1994, cuatro días antes de las elecciones y ya dentro del plazo legal, La Jornada publicó un resumen de varias encuestas, quebrantando la ley electoral. A nadie se le ocurrió poner en práctica las sanciones que el Código Penal establece. Tres años después, de acuerdo con la normatividad vigente para las elecciones de 1997, la publicación de resultados de encuestas sin respetar el plazo de ley, era considerada como delito electoral acreedor hasta a cien días de multa y prisión hasta de tres años. En estas elecciones hubo por lo menos un caso de publicación de encuestas fuera del plazo legal y que fue sancionado penalmente, en el estado de Jalisco [8].

La obligación de la autoridad electoral para definir pautas metodológicas de las encuestas, señalada en el artículo 190 del Código Electoral, a su vez se deriva del artículo 41 Constitucional que en la reforma de 1996 incluyó, entre las atribuciones del IFE, la regulación “de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales”.

Para cumplir con esa obligación específica, el 26 de febrero de 1997 el Consejo General del IFE aprobó un Acuerdo sobre las encuestas por muestreo. Como anexo, se incluyó el documento “Criterios Generales de Encuestas por Muestreo” que, un tanto confuso, resultaba más bien inocuo: en lo fundamental, no contenía mas que definiciones generales sobre marcos muestrales, diseños de encuestas y levantamiento de datos. Ese documento era casi copia textual de otro que el IFE dio a conocer en agosto de 1994, como recomendación a las empresas que hacen encuestas de opinión electoral, aunque en aquella ocasión tales firmas no tenían obligación legal de atender a un marco metodológico específico.

El Consejo del IFE tenía que establecer los “criterios generales de carácter científico” que la ley le obliga a marcar. Pero al mismo tiempo, entre los consejeros había reservas fundadas sobre la pertinencia de imponer cartabones que por el solo hecho de ser obligatorios, podían ser de lo más anticientíficos. Por principio, si los términos de la ley se cumplieran al pie de la letra, cada empresa de demoscopía debería entregar a la autoridad electoral cada uno de sus cuestionarios, las hojas de resultados en donde fueron vaciados los datos, los disketes en donde están procesados y otro tipo de documentos que forman, todos, parte del “estudio completo”.

La disyuntiva entre no cumplir la ley y, cumpliéndola, cometer una arbitrariedad, la resolvieron con elegancia las autoridades del IFE. En su primer punto el Acuerdo [9], era cuidadoso: “En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 190... el Consejo General ha determinado criterios estadísticos generales de carácter científico para la realización de encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación”.

Allí no se decía que los criterios metodológicos fuesen forzosos. La ley electoral sí lo sugería pero el Consejo del IFE no acentuó esa obligatoriedad que, por lo demás, era sólo simbólica. El Código Penal no incluía, entre los delitos electorales, la falta de una u otra metodología en la realización de encuestas.

La Ley Electoral, en el asunto que comentamos, es inadecuada y puede ser considerada excesiva. Pero esa Ley no la hicieron los consejeros del IFE, quienes sin embargo tenían obligación de cumplirla. Todo eso, era ampliamente conocido entre los profesionales de la elaboración de encuestas. Sin embargo, poco después de la publicación de aquellos Criterios la señora María de las Heras, directora de la empresa Demotecnia, enderezó una curiosa campaña contra el IFE diciendo que con ese documento, dicho organismo actuaba “como la Santa Inquisición”. De las Heras consideró que así como ahora le indican cómo hacer encuestas, “pasado mañana nos van a decir cómo tener hijos” [10]. El reclamo de esa profesional de las encuestas era tardío. Pudo haberlo hecho medio año antes, cuando el Código Electoral fue aprobado por los legisladores del PRI. Además si esa investigadora decidía no utilizar la metodología (ciertamente limitada y elemental) que proponía el IFE, nadie la iba a perseguir por ello. De cualquier manera, aquella protesta fue sintomática de la necesidad de construir entendimientos claros entre legisladores, autoridades electorales y profesionales de la investigación en opinión pública en México.

Si es pertinente o no publicar encuestas antes de las elecciones, es un tema que seguirá siendo debatido. Las leyes electorales son perfectibles y la que mencionamos es una de las muchas aristas en las cuales, con la preocupación de defender la democracia, se puede propiciar un nuevo autoritarismo. Quizá lo más pertinente sería liberalizar la publicación de resultados de encuestas. En la medida en que sus metodologías fuesen conocidas, la sociedad podría determinar cuáles tomar en serio y cuáles no.

Prohibir la circulación de datos que de todos modos están en manos de las élites políticas (porque el veto es a la publicación, no a la realización de encuestas) pone en desventaja a los ciudadanos comunes, que no cuentan con la misma información que tienen los dirigentes. Pero además, las leyes mexicanas pueden prohibir y sancionar incluso, la propagación de encuestas dentro del país, pero no bloquear el acceso de informaciones provenientes del exterior. Por ejemplo, en las elecciones federales de 1994 y 1997 el gobierno dispuso la suspensión de señales de la televisión por cable y de paga, para evitar que los televidentes de esos sistemas contasen con la información de los noticieros estadounidenses, que presumiblemente darían a conocer tendencias de las votaciones. Quienes tenían antenas parabólicas para recibir señales de televisión, pudieron eludir el veto. Otra vez, la censura afectó solamente a quienes no cuentan con todos los recursos, en este caso de acceso a la información internacional. En la medida en que se amplíe la disponibilidad de la Internet, en donde es la censura es técnicamente imposible, al menos todavía, los datos cuya divulgación por televisión es vetada podrían ser conocidos de manera incluso más rápida y completa --y por mayor cantidad de ciudadanos en México--. De hecho, las autoridades electorales tanto en el plano federal como en cada vez más entidades del país, emplean ya a la Internet para propagar los resultados electorales a medida que avanza el cómputo de votos.

Cinco series de encuestas relevantes

durante las campañas de 1997 en el DF

Aunque no tan abundantes como en otros años, durante el proceso electoral federal de 1997 se realizaron varias docenas de encuestas. En no pocos casos, los resultados eran conocidos sólo de manera parcial en los medios de comunicación porque se trataba de sondeos encargados por los partidos políticos que no buscaban propagarlos entre los ciudadanos. En otros, las informaciones en la prensa eran incompletas y no siempre mostraban los datos más elementales para aquilatar la acuciosidad y la seriedad de cada encuesta (tamaño de la muestra, tipo de entrevistas, cuestionario y márgenes de error, entre otros indicadores).

Como quiera que sea, es posible contrastar los datos de algunas de las encuestas más conocidas y levantadas en momentos similares. Aunque no fueron las únicas, la meticulosidad para informar sobre sus metodologías y la periodicidad con que fueron publicitadas, nos llevaron a elegir las encuestas de las empresas Alduncin, Berumen, Reforma, GEO y Covarrubias [11]. Con esos datos hemos elaborado las gráficas que aparecen en las siguientes páginas y que muestran el desarrollo en la presencia pública de los partidos y sus candidatos al gobierno de la ciudad de México.

La mayoría de las encuestas conocidas en 1997, fueron levantadas en la capital del país. Aunque en todo el territorio nacional se desarrollaban campañas políticas, la atención de los medios y también de los encuestadores se concentró en la competencia por el gobierno del Distrito Federal. Es así como tenemos numerosos datos del desarrollo de las simpatías electorales en esta capital del país y muy pocos de alcance nacional.

Las encuestas de Alduncin/ El Universal,

aparición esporádica y muestra decreciente

A diferencia de otras encuestas publicadas en diarios de la ciudad de México y que eran mensuales o semanales, la serie encargada por El Universal a la empresa Alduncin no tuvo regularidad específica. A diferencia también del resto de las encuestas revisadas, que tenían siempre una muestra de las mismas dimensiones o que, en todo caso iba aumentando, en esta serie fue disminuyendo el tamaño de las muestras, sin que se conociera explicación metodológica para ello.

Para esta revisión de los sondeos de Alduncin nos apoyamos en datos recopilados por Ana Cristina Covarrubias en su trabajo Credibilidad y encuestas que circuló mimeografiado en julio de 1997. Ese compendio, tiene para nosotros la desventaja de que recalculó los porcentajes de preferencias electorales, descontando la proporción de respuestas en el rubro “no información”. Es importante tomar en cuenta esta limitación, que afecta a la síntesis de datos de las encuestas de Alduncin, así como de la empresa Berumen y Asociados. Para las otras tres series de encuestas –Reforma, GEO y Covarrubias— sí contamos con la información completa y presentamos los datos directos, como se insiste más adelante.

Según la mencionada fuente, Alduncin levantó encuestas los días 21 a 23 de enero de 1997 con un total de 1154 cuestionarios; 13 a 25 de marzo con 626 entrevistas; 19 al 23 de mayo con 442 y 12 de junio de 1997 (no se indica el número de entrevistados). La síntesis de esos resultados se muestra en el cuadro de la siguiente página.

Las encuestas de Berumen,

patrocinio no explícito

La empresa Berumen y Asociados utilizó una muestra de 800 entrevistados. Sus datos aparecieron en varios medios de información, entre ellos, aunque no todas las ocasiones, en El Nacional. Sin embargo, no se mencionó que alguna de dichas empresas periodísticas fuese copatrocinadora de ese ejercicio demoscópico. Para esta comparación, mostramos los datos de las encuestas levantadas entre el 9 y el 11 de marzo de 1997, 9 y 11 de mayo y 21 y 23 de junio y según son mostrados en el ya citado trabajo de Covarrubias. No hubo encuesta en el mes de enero. Para los datos del siguiente cuadro, hay que tomar en cuenta la misma advertencia que hicimos para la información de las encuestas de Alduncin: se trata de datos recalculados por la también encuestadora Ana Cristina Covarrubias [12].

Las encuestas de Reforma,

útil perseverancia

El diario Reforma fue en 1997 el único medio informativo que emprendió sus propias encuestas con un equipo de investigadores que forma parte de su planta laboral. Gracias a ello fue el único que mantuvo un registro mensual, notablemente sistemático, del desarrollo de la opinión de los ciudadanos en el Distrito Federal.

Los sondeos de ese diario fueron realizados por su Departamento de Investigación a cargo de Rafael Giménez y se apoyaron en una muestra de 800 personas ubicadas en una selección aleatoria de secciones electorales y dentro de ellas, de viviendas. En el siguiente cuadro, mostramos el desarrollo en las opiniones registradas por los encuestadores de ese diario, entre enero y junio [13]. Es muy importante tomar en cuenta que, en todos los casos, los datos fueron presentados sin considerar indecisos ni a quienes manifestaron que no votarían --aunque se trata de datos directos, es decir, sin ser ajustados con los porcentajes de quienes al momento de ser entrevistados no manifestaron inclinación por algún partido específico--.

Las encuestas de GEO/El Economista,

un sostenido esfuerzo semanal

Si las encuestas de Reforma fueron las más vistosas, tanto por el despliegue que les daba ese diario como por la influencia que alcanzaban en segmentos significativos de la clase política, las más constantes fueron las que realizó la empresa Gabinete de Estudios de Opinión, S.C., para El Economista de la ciudad de México y el Diario de Monterrey. Desde comienzos de 1997 esa empresa realizó encuestas que fueron casi semanales. Las mediciones GEO-El Economista se redujeron a la ciudad de México y esa fue su principal limitación. La mejor ventaja, fue su periodicidad casi fija durante cinco meses.

Para esta comparación, hemos revisado y agregado los datos de GEO publicados en veinte ediciones de El Economista entre enero y julio de 1997. En todos los casos, excepto en una encuesta telefónica, esa empresa aplicó 400 cuestionarios en vivienda, a ciudadanos de 18 años y más.

La primera encuesta, levantada el 17 y el 18 de enero, apareció en la edición del lunes 27 de enero. Los datos de esa y las siguientes tres encuestas, fueron publicadas el 24 de febrero. A partir de allí, tomamos datos de las siguientes encuestas y ediciones: levantada el 21 y 22 de febrero y publicada el 3 de marzo; levantada el 28 de febrero y publicada el 10 de marzo; levantada el 7 y 8 de marzo y publicada el 17 de marzo; levantada el 14 y 15 de marzo y publicada el 31 de marzo; levantada el 21 y 22 de marzo y publicada el 7 de abril; levantada el 4 y 5 de abril y publicada el 14 de abril; levantada el 11 y 12 de abril y publicada el 21 de abril; levantada el 18 y 19 de abril y publicada el 28 de abril; levantada el 25 y 26 de abril y publicada el 5 de mayo; levantada el 2 y 3 de mayo y publicada el 12 de mayo; levantada el 9 y 10 de mayo y publicada el 19 de mayo.

El lunes 26 de mayo se publicó una encuesta telefónica realizada con 400 entrevistas la noche anterior, el domingo 25, después del debate en televisión que habían sostenido Cuauhtémoc Cárdenas y Alfredo del Mazo.

A partir de entonces, transcurrieron menos días entre la aplicación de las encuestas y la divulgación de sus resultados. Dos encuestas de El Economista y GEO, levantadas los días 23 y 24 y 30 y 31 de mayo (antes y después del debate) fueron publicadas, conjuntamente, el 2 de junio. La siguiente, levantada el 6 y el 7 de junio, apareció el 9 de junio. La encuesta levantada el 13 y 14 de junio fue publicada el 16 de junio. Otra más, levantada los días 19 y 20 de ese mes, apareció el 23 de junio.

Los datos de intención de voto para jefe de gobierno del DF manifestados a los encuestadores de Geo y El Economista/ Diario de Monterrey, los hemos sintetizado en el cuadro que se presenta más adelante [14].

El cuadro, recoge los datos de intención de voto registrados por el Gabinete de Estudios de Opinión hasta los días 19 y 20 de junio, según fueron publicados el 23 de ese mes. En todos esos casos, dicha empresa daba a conocer sus datos sin ajustarlos como hacen otras compañías, que adjudican los indecisos y a quienes no responden, las intenciones de quienes sí lo hacen. A través de ese procedimiento, es posible tener una aproximación de cómo serían los resultados electorales si los comicios se realizaran el día de la encuesta. Pero como la gran mayoría de las encuestas se realizan antes y no durante las elecciones, la adjudicación de indecisos tiene al menos cuatro inconvenientes.

En primer lugar, supone que quienes no han definido su voto o no quieren manifestarlo, sufragarán en las mismas proporciones que los ciudadanos que sí expresan intenciones de sufragio; sin embargo, no necesariamente tiene que ocurrir así. En segundo término, esa práctica tiende a considerar que la encuesta es un pronóstico de lo que sucederá el día de las elecciones y no –como en realidad y sin falsas pretensiones ocurre— un diagnóstico de cómo piensan los ciudadanos en un momento específico.

(EL CUADRO APARECE MAS ABAJO)