Domingo 12 de enero de 2003

 

SOCIEDAD Y PODER DOMINICAL

La mediocracia y sus rehenes

Raúl Trejo Delarbre

Triunfo –hasta ahora, al menos– de la mediocracia, el golpe al Canal 40 es una gravísima derrota para el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad.

   El gobierno está convalidando una de las infracciones más escandalosas que en los años recientes se hayan cometido contra la legalidad.

   Esa decisión política –que se ha tratado de convalidar con discutibles pretextos jurídicos– confirma la subordinación del gobierno al poder de las empresas televisoras más influyentes.

   Si la ley se aplicara de manera estricta, la postura del gobierno federal tendría que haber sido la reintegración de las instalaciones transmisoras y de la señal del Canal 40 a su legítimo usufructuario, que es la empresa a la cual le fue concesionado ese servicio.

   No tendría que haber existido duda alguna al respecto. El 27 de noviembre un comando armado, enviado por Televisión Azteca, asaltó esa propiedad privada en el Cerro del Chiquihuite y usurpó la frecuencia del Canal 40. No hacían falta dictámenes, ni peritajes, ni consideraciones especialmente complejas para advertir que se trataba de un delito –tan culposo, como hemos señalado antes, que Televisión Azteca trató de encubrirlo con la inverosímil versión que difundió en sus noticieros– ante el que simplemente había que sancionar a los culpables y reintegrar instalaciones y señal a sus propietarios.

  

Despojados y luego, castigados

   Sin embargo, después del reposo vacacional, el Presidente de la República y los secretarios de Estado que lo acompañaron en esa decisión resolvieron allanarse a la postura de Televisión Azteca. El poder público rendido a los intereses de una empresa particular: ese es el saldo, hasta ahora, de la conducta gubernamental que ha favorecido la expoliación contra Televisión del Valle de México.

   Numerosos juristas han reconocido la ilegalidad de la decisión que el secretario de Gobernación anunció la noche del jueves 9 de enero.

   El “aseguramiento” es una medida que la legislación contempla para situaciones distintas a las que han existido en torno al Canal 40.

   La Ley Federal de Radio y Televisión contempla ese recurso contra quienes transmiten sin tener concesión o permiso otorgados por el gobierno. Se trata de una medida para impedir el surgimiento de estaciones piratas, que no hayan sido autorizadas para transmitir.

   La sanción, en tales ocasiones, es muy clara: a quienes transmitan sin estar autorizados para ello el gobierno les quita sus instalaciones y equipos, además de imponerles una multa. Eso indica el artículo 104 de la mencionada ley.

   No es esa la situación que ha existido alrededor del Canal 40.

   La empresa que ha transmitido por esa frecuencia sin que le haya sido adjudicada una concesión para ello, ha sido Televisión Azteca.

   La concesión vigente para difundir en ese espacio del espectro radioeléctrico se encuentra a nombre de Televisora del Valle de México.

   Si la secretaría de Gobernación o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrían que haber dictaminado una sanción en este caso, tendría que haber sido contra TV Azteca que además de ocupar instalaciones que no son suyas invadió una señal en la que no tiene autorización para transmitir.

   Pero a quienes afecta el “aseguramiento” dispuesto el jueves, es al propietario y los trabajadores del Canal 40.

  

Ilegal a seguramiento

   TV Azteca sostiene que la concesión y las instalaciones le pertenecen porque el dueño del Canal 40 le debe dinero e incumplió un contrato de comercialización de esa frecuencia que le daba a la empresa de Ricardo Salinas Pliego la posibilidad de comprar la mayoría de las acciones de Televisora del Valle de México.

   Ese litigio fue llevado a un tribunal comercial establecido en París, cuyas resoluciones han sido motivo de mucha discusión.

   Amparándose en esas resoluciones, Televisión Azteca ocupó la antena transmisora del Canal 40 y comenzó a difundir sus propios contenidos.

   Así que la disputa entre ambas empresas tuvo, entonces, dos frentes en el terreno legal.

   Por una parte se encuentra el diferendo por la interpretación de las resoluciones de la corte internacional. Esas decisiones se refieren a la deuda de Moreno con Salinas y al derecho de compra de este último sobre la empresa beneficiaria de la concesión del Canal 40.

   Por otra, está la averiguación judicial acerca del asalto del 27 de diciembre en El Chiquihuite.

   Las reuniones que a iniciativa del gobierno federal se realizaron durante casi tres días en la secretaría de Gobernación, tenían el propósito de lograr un acuerdo a la disputa de carácter mercantil. Ese acuerdo no se consiguió y el litigio seguirá en los tribunales.

   Sin embargo el “aseguramiento” dispuesto por el gobierno acentúa la debilidad de una de las partes en conflicto. Sin señal de difusión abierta, la empresa del Canal 40 no tiene posibilidades para recibir los ingresos por comercialización de los cuales depende cualquier estación televisora.

 

Indebida intimidación

   Al mismo tiempo se han anunciado dos medidas de carácter penal. El gobierno, de acuerdo con la información periodística, manifestó que solicitaría orden de aprehensión contra Moreno Valle como presunto responsable del delito de robo de fluido electromagnético.

   Sin embargo no puede acusarse a alguien de robar lo que es suyo. Aun si Televisión Azteca tuviese razón en sus exigencias, Moreno Valle estaría obligado a venderle el Canal 40 pero esa operación mercantil no se ha realizado. Aunque las resoluciones del tribunal de París hubieran sido del todo favorables a Salinas Pliego, lo que tendría que ocurrir es que se formalizara la propiedad de ese empresario sobre el Canal 40. Pero nada de eso ha ocurrido.

   No obstante antier el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera, manifestó que la acusación penal contra Moreno Valle se apoyaba, de manera fundamental, en las resoluciones de la Corte de París. Esas resoluciones indican que Salinas Pliego tiene derecho a comprar el Canal 40, no que ya sea propietario de él.

   Así que no puede considerarse que Moreno Valle haya hecho un uso ilegítimo de su propia empresa, ni de la concesión que recibió. Desde luego, le sigue debiendo a Salinas Pliego los 25 millones de dólares que recibió como préstamo para apuntalar al Canal 40 y cuyo pago el mismo Moreno ofreció en las conversaciones en Gobernación.

   De manera paralela, se ha dicho que la PGR habría solicitado órdenes de aprehensión contra el director jurídico y media docena de trabajadores más de Televisión Azteca, por la incursión del 27 de diciembre a las instalaciones de Canal 40. Es entendible que ese despojo sea sancionado, aunque parecería injusto que solo se castigara a los empleados que lo realizaron y no a quienes tomaron la decisión de perpetrar ese asalto.

 

Equivocación política

   En el plano político, también se trata de una decisión equivocada. Y de consecuencias muy ominosas para el país.

   Al convalidar la postura de Televisión Azteca los operadores políticos en el gobierno muy posiblemente consideran que es preferible excederse en la aplicación de la ley antes que enfrentarse al poder de la comunicación electrónica. Después de todo, dicen en privado algunos de ellos, estamos en año de elecciones y no se trata de perjudicar la imagen de la administración actual.

   Esa supeditación a la mediocracia es confesión de patética debilidad por parte del poder político. Los operadores en Los Pinos consideran que no podrían gobernar y mucho menos lograr un resultado favorable en las elecciones de julio sin el respaldo de la televisión.

   A esos operadores políticos y a muchos de nuestros gobernantes, los asesores de imagen les han hecho creer que el gobierno se ejerce a través de los medios y que su arribo al poder ha sido gracias al respaldo que la televisión les dio en la campaña de 2000.

   Los medios constituyen, sin lugar a dudas, el principal instrumento de persuasión e información y ejercen una influencia formidable sobre la sociedad. Pero ni el espacio público se agota en ellos, ni son el único vínculo del gobierno con los ciudadanos.

   La actitud que en este episodio manifiestan respecto de una de las dos televisoras nacionales, permite constatar que el presidente Fox y sus colaboradores consideran imprescindible el beneplácito de la televisión.

  

Ante el poder mediático

   Vamos a suponer que tienen razón. Figurémonos que la mediatización de la sociedad mexicana es tal que sin el oráculo televisivo no hay personaje, política o propuesta capaces de lograr consenso entre los ciudadanos.

   Imaginemos que la política no tiene otras ágoras y que el ejercicio del gobierno ha dejado de contar con los numerosos instrumentos que la ley, el voto de los ciudadanos y la fuerza de las instituciones estatales le han conferido.

   Supongamos que sin televisión propicia, nuestras autoridades y la clase política no podrían mantener la gobernabilidad en México.

   Si el poder político no tuviese más remedio que ser rehén del poder mediático, entonces lo que tendría que buscar serían opciones para que esa sujeción resultase menos abrumadora.

   Esa sería la lógica política de un gobierno consciente de sus responsabilidades y con auténtica visión de Estado. Si no cuenta con recursos suficientes para representar a la sociedad, o cuando queda avasallado por poderes distintos a los genuinamente constituidos, el Estado comienza a inmolarse en beneficio de intereses particulares.

   Si el poder de los medios es tan determinante como por lo visto reconoce nuestro gobierno, entonces lo que hay que hacer es crear normas, recursos y contrapesos para que no se convierta –o para que deje de ser– un poder capaz de avasallar al resto de los intereses nacionales.

  

Estado sobrecogido

   El gobierno federal, sin embargo, está actuando exactamente en contra de esa posibilidad. Lejos de aprovechar la oportunidad que tenía para participar en la modernización de la ley de radio y televisión el 10 de octubre, con el decreto y el reglamento para esa industria se allanó al interés de los empresarios preponderantes en tales medios. Ahora, en vez de aplicar la ley y sancionar los excesos de Televisión Azteca el gobierno, en la práctica, los está legitimando.

   El quebrantamiento de la ley que esa empresa cometió en el asalto en El Chiquihuite constituía una extraordinaria oportunidad para afianzar la autoridad del Estado delante del poder mediático. Era una ocasión ineludible para hacer cumplir la ley y, junto con ello, subrayar la obligación que las empresas de comunicación tienen con el orden jurídico y con la sociedad.

   Además, en la reivindicación de los derechos del Canal 40 el Estado tenía la oportunidad de favorecer una opción televisiva distinta a la que han representado los dos consorcios de ese medio en nuestro país.

   Si el poder de los medios es tan grande como todos admiten, la postura necesaria desde el punto de vista de un Estado democrático no es admitir acríticamente que ya nada hay por hacer ante ellos sino garantizar que se ciñan al marco legal y, dentro de él, propiciar nuevas opciones y equilibrios en el campo de la comunicación.

 

Canal 40, la diferencia

     Como empresa distinta a las dos que dominan la televisión mexicana y, también, gracias al afán de originalidad e independencia que le han portado muchos de sus trabajadores, el Canal 40 ha contribuido a enriquecer la diversidad de la comunicación electrónica. Su sola presencia, solitaria en el panorama de la televisión abierta (al menos en el Valle de México) junto a los canales de las dos grandes empresas y a las televisoras del gobierno ha sido, por diferente, saludable.

   La experiencia del Canal 40 ha demostrado que sin muchos recursos pero con imaginación y libertad, se puede hacer una televisión que no sea idéntica a la que durante décadas han estado sometidos los mexicanos.

   Ese rasgo, por sí solo, ha hecho meritorio al Canal 40. Pero además, ha indicado el camino pertinente para que en la televisión se reproduzca la ariedad de opciones que hay en la sociedad mexicana.

   La existencia de canales distintos a los dos monopolios es benéfica para la sociedad y para el Estado. Canales como el 40 constituyen opciones de pluralidad y en tal sentido, de contrapesos en el panorama de la televisión.

   Por eso, además del derecho que Televisión del Valle de México –su concesionario legítimo– tiene para usufructuar esa señal, la existencia del Canal 40 tendría que ser del mayor interés para el gobierno y el Estado mexicanos.

 

Visión estrecha

    Mientras más opciones existan en el dial televisivo mayor será la posibilidad de que los ciudadanos estén menos supeditados a los mensajes de una o dos empresas mediáticas.

   Mientras más diversos sean los intereses que se expresen en la televisión, menor será la subordinación del poder político a la mediocracia.

   Más canales, en manos más diversas, constituyen el único camino para propiciar la diversidad (que es una de las condiciones de la democracia) en la televisión.

   Sin embargo, además de las inconsistencias legales que padecen las decisiones recientes respecto del Canal 40, el gobierno federal está ctuando en contra de la pluralidad en la televisión. No alcanza a advertir la desaparición de esa opción distinta de televisión, al tener como consecuencia el fortalecimiento de Televisión Azteca, sería contrario al interés de la sociedad y del Estado.

   Esa actitud del gobierno está condicionada por una visión estrecha. Quienes han sugerido o resuelto apostar por Azteca a pesar de la ilegalidad que ello significa, piensan en el horizonte electoral de aquí a pocos meses y no en los intereses del país.

   El gobierno parece suponer que, al condescender ante el atropello perpetrado por Televisión Azteca, esa empresa tendrá un comportamiento favorable a sus intereses políticos y electorales. Pero es altamente posible que también en eso se equivoque.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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