El sitio de Raúl Trejo Delarbre

Este texto forma parte del  Informe Anual de la Comunicación 2000-2001. Bernardo Díaz Nosty, coord. Grupo Zeta, Madrid, 2001, pp. 181-188.

América Latina. Medios 2000-2001

Breve informe

Raúl Trejo Delarbre

En América Latina los medios son cada vez más receptivos a la inversión extranjera, experimentan alianzas y fusiones que los concentran en cada vez menos consorcios, en algunos casos se renuevan los marcos legislativos. Los medios han adquirido un papel protagónico en los cambios políticos en casi toda la región y en algunos casos sus contenidos son motivo de preocupación y debate en la sociedad [1].

Descomunal auge de la Internet

   América Latina ha afianzado su interés por la Internet. Entre abril de 1999 y noviembre de 2000 los internautas en la región aumentaron un 311%: de 5.29 a 16.45 millones. La de América Latina había sido la tasa de crecimiento más alta durante 2000 pero fue desplazada por el desarrollo de la red de redes en la región de Asia-Pacífico, que tuvo un desarrollo del 389% entre los años señalados[2]. Los hosts en dominios de América Latina –es decir, las computadoras que proveen de información a domicilios registrados para cada país– se desarrollaron de manera desigual pero notable. Entre julio de 1997 y enero de 2001 en Uruguay el crecimiento fue del 5300%. En México de 1586%. En Argentina 1423%. En Brasil, 1276%. En Chile 390%. En Venezuela 345% y En Costa Rica, 172%.[3].

   En varios países, los internautas aumentaron gracias a las promociones para ofrecer conexiones gratis. En Argentina se extendió el servicio sin costo de empresas como Alternativa Gratis, Tutopía, Uyuyuy, Icaro, Fullzero y Gratis1. En México América Online, Terra y Universo Online buscaron consolidar el mercado que ya tenían o presentarse como nuevos proveedores de acceso. Ese servicio es tan reciente que no hay datos sólidos para evaluar su éxito. America Online se presentó respaldada por una fuerte campaña publicitaria que incluyó el obsequio de centenares de miles de discos compactos con el programa de navegación de esa compañía y la oferta de tres meses se acceso sin costo. En ese lapso AOL logró en México cerca de 70 mil suscripciones (el 3% de los internautas de ese país hacia el otoño de 2000) pero una gran cantidad de ellos no accedieron a permanecer, pagándolo, conectados a ese servicio. En Argentina América Online comenzó a funcionar en agosto de ese año y esperaba gastar cien millones de dólares para promoverse.

   Empresas de los medios convencionales hicieron esfuerzos logísticos y financieros para iniciar o intensificar su presencia en la red de redes. También en México, en diciembre de 1999 Televisa anunció su portal esmas.com en el que inicialmente invirtió 100 millones de dólares. Nueve meses después ese proyecto era un fracaso. A pesar de la intensa publicidad que el consorcio hizo por todos sus medios al proyecto en Internet, los visitantes eran pocos y la publicidad vendida a través del portal resultaba escasa. Televisa atribuyó esa respuesta a problemas en la apariencia de la página web y cambió de diseñador. También emprendió un ajuste laboral para reducir la plantilla de empleados dedicados al portal, que era de aproximadamente 400 personas. En abril de 2001 hubo un nuevo recorte de personal.

   La llamada nueva economía ha suscitado abundantes y en ocasiones desmesurados proyectos que no han encontrado públicos a la altura de las fuertes inversiones que los respaldan. Como en otros sitios del mundo los e-business no están resultando tan provechosos como se había supuesto, especialmente porque si bien su presencia ha crecido aún falta mucho para que la Internet llegue a los sectores mayoritarios de las sociedades latinoamericanas.

   La cobertura de la red de redes varía de uno a otro país y los datos al respecto no son exactos. Podemos estimar que al comenzar el año 2001 en Colombia y Perú aproximadamente el 2% de la población tenía acceso regular a la Internet. Argentina, México y Venezuela alcanzan tasas cercanas al 3%. Costa Rica llega al 5%. Brasil y Chile están quizá algo arriba del 6% y Uruguay tiene un meritorio 8% de internautas respecto del conjunto de su población.

Otros medios también nuevos

   Los medios convencionales intentaron nuevas opciones para alcanzar públicos a los que no siempre llegan. En octubre de 2000 la corporación sueca Modern Times Group inició en Buenos Aires la edición del diario Metro, de distribución gratuita dentro del sistema subterráneo de transporte colectivo. Un año antes había emprendido un proyecto idéntico en Santiago de Chile, en donde el Metro local tropezó con el antagonismo de los "suplementeros" o voceadores que acusaron a ese proyecto gratuito de ser una competencia desleal para los periódicos que ellos venden. El Metro argentino despegó con un tiraje de 350 mil ejemplares. A fines de 2000 comenzó a circular el Metro de Río de Janeiro que poco después fue impugnado porque, según denunciaron legisladores del Partido del Trabajo, la participación de compañías extranjeras en su publicación contravenía las leyes brasileñas sobre propiedad nacional en las empresas de medios.

   A pesar de la crisis de lectura de prensa que se experimenta en toda la región, en algunos casos surgieron nuevos periódicos. Ese fue el caso, en México, de Milenio Diario que comenzó a circular el primer día de 2000 editado por el consorcio Multimedios, propietario de estaciones de radio en el norte del país y de otros seis cinco en otras tantas ciudades mexicanas. En Buenos Aires, el 22 de abril de 2001 apareció Nuevo Siglo, periódico dominical que busca insertarse en la tradición de semanales europeos como el londinense The Sunday Times y el parisino Journal de Dimanche.

   Unos nacieron y otros cerraron: el 20 de enero de 2001 apareció el último número de Noticias de Sao Paulo, diario de corte sensacionalista que circulaba en esa ciudad brasileira desde octubre de 1963. Su circulación había caído de 99 mil ejemplares en 1994, a 20 mil en 2001 [4].

   El Mercurio de Santiago de Chile cumplió cien años en 2000. En Brasil Folha de Sao Paulo cumplió 80 años en febrero de 2001 y anunció su transformación en grupo multimedia. En México Excélsior, fundado en 1917 y propiedad de sus trabajadores organizados en cooperativa, experimentaba una fuerte crisis financiera al menos desde un lustro antes. En octubre los cooperativistas destituyeron al director a cuya simpatía con el PRI –el partido que gobernó al país durante más de siete décadas- atribuían parte de la crisis económica del diario. Medio año más tarde, sin recursos frescos y debatiendo aún la pertinencia de admitir inversionistas capaces de rescatar al diario, la cooperativa denunció que durante la gestión anterior sus principales bienes inmuebles habían sido puestos en venta.

   En Buenos Aires uno de los diarios de mayor tradición en América Latina, La Nación, comenzó a remozar su imagen tanto en forma (actualizando su diseño, empleando nuevas rotativas y abriendo secciones más ligeras) como en fondo, en búsqueda de un perfil menos conservador como el que lo ha definido. A comienzos de 2001 los propietarios del diario anunciaron un plan para ahorrar 2 millones de dólares que contemplaba el cierre de varias corresponsalías locales.

De periodistas, a empresarios

   También en México, en 2000 se registraron tres casos de periodistas de radio que se convirtieron en dueños de sus propios medios de comunicación. José Gutiérrez Vivó, el conductor radiofónico más influyente en el país, independizó su servicio de noticias de la estación en donde se transmite, Radio Red. Al negociar con los propietarios de la emisora un contrato para mantener esos noticieros, consiguió fondos suficientes para comprar otras dos estaciones. El periodista Ricardo Rocha que renunció a Televisa instaló su propia agencia de noticias que produce un noticiero diario que era transmitido en radio por la cadena nacional Radio Acir, en televisión a través del sistema nacional de cable PVC que llega a 400 ciudades y por Internet en el canal de Starmedia; en febrero de 2001 Acir decidió dejar de transmitir ese noticiario, que siguió difundiéndose por sus otros canales. En el sistema Multivisión, que incluye la cadena de radio con el noticiero de mayor audiencia en todo el país y que se transmite además por televisión codificada y satelital, los tres conductores más destacados decidieron marcharse para formar una nueva empresa; Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui y Javier Solórzano reunieron fondos para instalar una nueva emisora, Radio Imagen. Para sustituir al primero de ellos Multivisión contrató a Raúl Peimbert, el conocido conductor que hasta entonces había estado a cargo del noticiero Telemundo –de audiencia en toda América Latina–.

Creciente inversión extranjera

   En los últimos días de 1999 el Grupo Clarín de Argentina anunció que se asociaba con el banco estadounidense Goldman Sachs. La operación, por 500 millones de dólares, le permitió a esa institución financiera detentar el 18% del capital del grupo mediático más poderoso en Argentina y que incluye al canal 13 de televisión, la Radio Mitre, la proveedora de televisión de cable Multicanal (que se estima tiene un millón 900 mil suscriptores), Direct TV, la productora Artear, el periódico deportivo Olé y desde luego Clarín, el diario de mayor circulación en el país.

  También en Argentina el grupo español Recoletos que a su vez forma parte del grupo británico Pearson compró el diario El Cronista, fundado en 1905 y especializado en economía. La operación, formalizada en junio y por 20 millones de dólares, incluyó las revistas Target, Apertura e Information Technology. Pearson anunció futuras inversiones en Brasil, México y en medios hispanos en Estados Unidos. El grupo Recoletos había comprado antes el 15% de El Diario, el periódico de información económica de mayor presencia en Chile.

   La empresa Televisión Artear, de Argentina, anunció en septiembre que un sindicato de bancos integrado por el Deutsche Bank, Bank Boston, Sandander y Citibank le haría un préstamo por cien millones de dólares que destinaría al refinanciamiento de sus pasivos. En Ese mismo país en enero de 2001 la empresa Telefónica, a través de su filial Endemol, invirtió más de 3 millones de dólares para adquirir la compañía productora P&P que según se dijo, produce más de 25 horas semanales de televisión.

   Por su parte el Grupo Latino de Radiodifusión, GLR, consiguió que le otorgaran licencias para ocho radiodifusoras en Chile. El 50% de la propiedad del GLR pertenece al Grupo Prisa y a Radio Caracol,

   En Brasil se informó que la empresa estadounidense Primedia invertiría 15 millones de dólares en diversos medios, entre ellos un nuevo canal dedicado a asuntos educativos en la televisión por cable. Primedia tiene 22 revistas y 16 televisoras en los Estados Unidos.

   En Bolivia, en octubre el grupo español PRISA invirtió 10 millones de dólares en una alianza con el Grupo Garafulic. Gracias a ello los editores de El País madrileño ahora tienen en Bolivia una influencia que incluye principal cadena de televisión, la creación de tres cadenas de radio de programación musical, el diario de mayor cobertura nacional (La Razón) y la administración del portal bolivia.com.

   La inversión extranjera también proviene de otros países latinoamericanos.

   En Chile en mayo de 2000 el canal 2, el más pequeño en Santiago, fue comprado por TyC, empresa argentina de televisión. Ese canal había dejado de transmitir en noviembre de 1999, motivo por el cual la concesión no se pudo mantener y el arreglo sólo incluyó al equipo de transmisión. También allí la empresa mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), propietaria principal de FM Rock and Pop de Argentina y AM Splendid de Chile anunció una ampliación de capital por 175 millones de dólares para aumentar sus inversiones en América del Sur.

   En febrero de 2000 el consorcio mexicano TV Azteca anunció que vendería su 35% de acciones del Canal 4 de Costa Rica. En marzo de 2001 las cadenas colombianas Caracol Televisión y RTI se asociaron con Telemundo de Miami para producir diez telenovelas en un plazo de 5 años.

Alianzas no siempre sencillas

   Asociarse unos con otros es el remedio que suelen encontrar las empresas de comunicación para enfrentar los desafíos de una mayor competitividad de sus rivales en el mercado de los mensajes. Esa era la alternativa que encontraron en 1998 Televisión Azteca y el Canal 40 en México, al entablar una alianza que incluía intercambio de servicios y publicidad y una inversión de 15 millones de dólares por parte de Azteca. Sin embargo no lograron los beneficios que esperaban y después de una temporada de acusaciones públicas la alianza se deshizo y entonces la propiedad del Canal 40 quedó pendiente de una resolución judicial. El proceso legal seguía vigente todavía a comienzos de mayo de 2001.

   En septiembre de 2000, también en México, el consorcio Televisa anunció la adquisición del 27.82% de las acciones de lo que hasta ahora había sido el Grupo Acir, propietario de 99 estaciones de radio, mediante un pago de 101 millones de dólares. Televisa tiene, por su parte, 17 radioemisoras. Juntas, esas empresas conformarían el grupo de radio más grande en el país. La cuarta parte de Acir pertenece a la empresa estadounidense Clear Channel. El nuevo grupo tendría el 10% de todas las estaciones de radio en México pero entre ellas, muchas de las de mayor cobertura nacional. Otras empresas de ese ramo como Radio Mil objetaron la fusión que, según dijeron, propiciaría un comportamiento monopólico que distorsionaría el mercado en esa industria. La fusión estaba supeditada a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia. Meses antes y después de una larga negociación, el Grupo Televisa había desistido de aliarse con el Grupo Radio Centro, otra de las cadenas más grandes en el país. En cambio no hubo objeciones para que el Grupo Multivisión adquiriese, en abril de 2001, la mayor parte de las acciones de Radio Mil.

Reveses de Televisa

   Decisiones como la compra de las radiodifusoras indicaban que Televisa seguía funcionando a partir de la decisión de crecer tanto como fuera posible, abarcando todos los campos del mundo de la comunicación. Sin embargo esa estrategia, en tiempos de crisis, se vuelve en contra de las finanzas de cualquier consorcio.

   Para enfrentar ese trance Televisa emprendió en la primavera de 2001 un severo plan de ajuste que incluyó el despido de al menos 750 empleados y la reducción de gastos por más de 60 millones de dólares para ese año. Fueron canceladas la producción de diversos programas y la ampliación de la red de televisoras, el crecimiento de su portal en Internet y diversos proyectos de la disquera Fonovisa, entre otros rubros. Al mismo tiempo Televisa insistía en incursionar en el campo del periodismo impreso, en donde ha tenido descalabros notables como cuando, a fines de los ochenta, estableció en Estados Unidos un diario deportivo llamado The National. En diciembre de 2000 anunció la publicación de un semanario en México, en asociación con la revista colombiana Cambio que edita el escritor Gabriel García Márquez.

   El ajuste más notorio y en muchos sentidos significativo fue la cancelación del canal de noticias Eco, que transmitía de manera continua desde el 1º de septiembre de 1988. A últimas fechas Eco tenía cuatro versiones: para México, el resto de América Latina, España y Estados Unidos, todas ellas con noticias cada hora y contenidos de carácter periodístico. Su señal llegaba a 35 países en ambos lados del Atlántico a través de un sistema satelital.

   La existencia de Eco permitía la difusión mundial de noticias con criterios latinoamericanos y era la fachada internacional de Televisa: su presencia más emblemática además de la menos vulgar en comparación con los programas de otro corte que esa empresa vende en todo el mundo de habla hispana. Sin embargo los costos de producción y mantenimiento, aunados a la competencia que significaban otras cadenas –como CNN en Español– llevaron a la desaparición de ese canal. Televisa esperaba ahorrar casi 12 millones de dólares anuales con esa decisión. Eco dejó de transmitir a la media noche del 30 de abril de 2001.

Medios públicos y comunitarios

   Los medios de propiedad o participación estatal parecen estar declinando en toda América Latina. Falta de recursos, caída de las audiencias y la competencia de los medios comerciales que tienden a moldear los estilos de producción y programación imperantes,  socavan a los medios de esa índole. Las disputas o indefiniciones al interior de algunos gobiernos también afectan a los medios estatales.

   En Argentina el gobierno del presidente Fernando de la Rúa anunció en 2000 la creación de un Sistema Nacional de Medios Públicos que ubicaría bajo una sola administración al Canal 7, la Agencia de Noticias Telam y la Radio Nacional. Una de las reacciones más notorias a ese proyecto fue el recelo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que se adelantó a exigir que no se produjeran despidos con motivo de esa reestructuración.

   En marzo de 2000 el gobierno mexicano canceló el proyecto para que la agencia de noticias Notimex –propiedad del Estado– se desempeñara como intermediaria en la venta de publicidad de los ministerios del gobierno mismo. Una agresiva campaña del diario Reforma hizo creer a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuya asamblea estaba reunida en Cancún, que esa atribución convertiría a Notimex en un dique para la libertad de prensa. Aunque no se trataba mas que de permitir que esa agencia fungiera como agente de publicidad en las mismas condiciones que otras empresas, la campaña tuvo éxito y el gobierno liquidó ese proyecto.

   Al mismo tiempo que los medios gubernamentales experimentan vicisitudes, los medios comunitarios parecen experimentar cierto auge al menos en algunos puntos de Latinoamérica.

   En Brasil un juez dispuso a comienzos de febrero de 2000 la clausura de todas las estaciones de radio comunitarias en el estado de Sao Paulo. La causa, al menos aparente, radicó en las  denuncias sobre presuntas interferencias de esas emisoras en las frecuencias por las cuales transmiten los aviones y las torres de control aeroportuarias. Pronto se comprobó que las acusaciones eran falsas, especialmente cuando el Servicio Regional de Protección de Vuelos declaró que no había tales interferencias. Las radios comunitarias recibieron entonces un amplio respaldo, incluso de legisladores que se comprometieron a promover iniciativas para garantizar la estabilidad de esas emisoras. La agencia de noticias Púlsar informó en febrero que para algunos de los partidos principales, las estaciones comunitarias destacaban por su "carácter democratizador".

   En Guatemala, en abril de 2000, la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala y la Coordinadora de Emisoras y Comunicadores Populares del Suroccidente de Guatemala solicitaron al gobierno que declare de interés nacional a esas radiodifusoras. Además demandaron la modificación del sistema de licitaciones para asignar frecuencias porque, en su opinión, las comunidades del interior no suelen tener posibilidades para competir en esas subastas. En cambio, propusieron facilidades para que las comunidades indígenas tengan acceso a frecuencias radiofónicas.

   En México, la legislación para las comunidades indígenas producto del largo regateo entre el Estado y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incluyó una breve mención a la prerrogativa de esos pueblos para tener acceso a la comunicación. La reforma constitucional que el Congreso Federal aprobó en abril de 2001 –y que el EZLN consideró insuficiente– incorporó el derecho de los pueblos indígenas a “adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación”.

Colombia, TV pública en desgracia

   En Colombia los dos canales de televisión pública, el Canal Uno y el Canal A, entraron en crisis financiera como resultado del nuevo sistema de televisión que se inauguró dos años antes. En junio de 1998 se inició la privatización del sistema de televisión abierta con la licitación de dos concesiones por 10 años. Cada concesión costó 90 millones de dólares (tasadas a 9 millones por año) por los derechos de explotación de la señal. Dos grandes consorcios, el Grupo Santodomingo y la organización Ardila Lulle compraron cada uno de los nuevos canales, Caracol y RCN respectivamente.

   Hasta entonces en Colombia la televisión abierta funcionaba en un sistema mixto, con canales del Estado que licitaban sus espacios entre operadores privados que obtenían el derecho a producir y usufructuar franjas de programación durante seis años. Al adquirir los nuevos canales, los mencionados grupos empresariales dejaron de comprar espacios publicitarios en los canales del Estado cuyas finanzas se volvieron insostenibles sin esos recursos. Tanto el Canal Uno como A entregaron la administración y producción de varios programas a la Comisión Nacional de Televisión, CNTV. Entre los programas que entraron en quiebra están "Punch TV" y "Jes TV" propiedad de grupos familiares, "Programar TV" de pequeños empresarios y "Cenpro TV" de la Fundación Social que pertenece a la Compañía de Jesús.

   Para enfrentar esa situación y respaldar financieramente a los canales UNO y A, en el otoño de 2000 el Senado de la República discutía un proyecto de reforma a la Ley de Televisión, denominada Ley 335 de 1996. Esas modificaciones buscaron el incremento de la inversión extranjera en la televisión colombiana del 15% al 35% de la propiedad accionaria de cada empresa. Además se propuso que las productoras que hacen programas para los dos canales de la televisión del gobierno puedan unirse en una sociedad que administraría el canal y la programación. Eso significaría que los canales, en la práctica, dejasen de ser propiedad estatal al menos durante el tiempo de la concesión que se propuso cambie de seis, a diez años.

   También se sugirió disminuir el costo del costo por el arrendamiento de la franja del espectro electromagnético en la cual transmiten que pagan los canales Uno y A, igual que los de carácter privado. La iniciativa de ley establece, además, porcentajes de programación nacional para todas las televisoras y reglas para que la información periodística no sea confundida con la de carácter publicitario.

   Una medida similar era estudiada por el gobierno de Argentina, en septiembre, para cobrar 10 millones de dólares por cada licencia de televisión nacional, 5 para las televisoras regionales y 3 millones de dólares para las provinciales.

   Por otra parte en Santiago, la caída de la publicidad llevó a los directivos de Televisión Nacional de Chile a despedir a 40 trabajadores en abril de 2001. Se dijo que el año anterior las ventas de espacios de esa empresa estatal disminuyeron en un 30%.

Difíciles reformas legales

   Además del proceso legislativo que busca respaldar en Colombia a la televisión que hasta ahora ha sido propiedad del Estado, en otros países se mantienen inquietudes para actualizar códigos y leyes para los medios.

   En octubre durante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que sesionó en Santiago de Chile el presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, anunció un extenso debate en su país para elaborar una nueva ley de radiodifusión. Anticipó que "el viejo esquema de la regulación del Estado sobre los medios tiene que dejar paso a un escenario donde se despliegue el protagonismo y la propia responsabilidad de los propietarios y trabajadores de prensa, cada uno en su dimensión, haciendo eje en los contenidos".

   En Chile, por otra parte, se mantenía abierta a la discusión aunque sin soluciones legales todavía la propuesta de reglamentación para la prensa surgida hace varios años. En México la llegada, en diciembre de 2000, del nuevo gobierno presidido por Vicente Fox Quesada, propició una nueva discusión en torno a las reglas que podrían tener los medios y que los gobiernos y legisladores del PRI, el partido que gobernó durante siete décadas, no quisieron actualizar. Por primera vez en varias décadas los propietarios de las estaciones privadas de radio y televisión estuvieron de acuerdo en modificar la legislación para esa industria, que data de 1960 y que adjudica al gobierno la facultad de asignar y revisar concesiones para transmitir por dichos medios. También está en cuestión la facultad del Estado para disponer del 12.5% del tiempo de transmisión en todas las radio y televisoras y que se deriva de un impuesto establecido a fines de los años sesenta. En mayo de 2001 la administración de Fox se disponía a proponer una Ley de Acceso a la Información que haría obligatorio, con algunas excepciones, el suministro de información gubernamental a todo aquel ciudadano que la solicitase.

   En Paraguay, en febrero de 2001 se informó de la existencia de un proyecto del Ministerio de Justicia para considerar como desacato la tarea de los periodistas y medios que publicasen informaciones desfavorables a personajes relevantes en el gobierno.

La disputa por los contenidos

   Sensacionalismo, escándalos y estrépito definieron la programación de la mayor parte de los medios latinoamericanos, especialmente los de más audiencia. Es decir, nada nuevo.

   Lo novedoso, o significativo, fueron algunas reacciones de la sociedad e incluso algún intento del poder público para cuestionar y quizá modificar aunque sea en parte ese comportamiento mediático.

   En Brasil, la transmisión de un video con escenas de tortura a una niña de tres años desató en el otoño de 2000 una extendida protesta. Durante dos minutos, el Programa de Ratinho del animador Carlos Massa en la SBT de Sao Paulo mostró los golpes y descargas eléctricas que un asaltante aplicaba a la niña en venganza porque su padre lo incriminó en varios delitos. Luego, el gobierno prohibió la difusión de esas escenas.

   En México desde mediados de 2000 la competencia entre los talk shows de las dos grandes empresas de televisión condujo a un empobrecimiento inédito en la calidad de esos programas. La exposición de dramas familiares de intensa sordidez fue acompañada de porrazos, insultos y maltratos a los participantes en esas teleseries. El gobierno se negó a intervenir para moderar el contenido de esos programas (atribución que le concede la ley de radio y televisión) y tanto Televisa como TV Azteca mantuvieron esas series, durante varios meses, sin cambios sustanciales. En enero de 2001 una comisión del Senado de la República le exigió al nuevo gobierno que interviniera para regular esos programas. A raíz de tales protestas los empresarios de la radio y la televisión establecieron un “Consejo de Autorregulación” que tendría la tarea de supervisar el contenido de sus programas. El 15 de febrero Televisa anunció la cancelación de sus talk shows. TV Azteca los mantuvo pero moderando su contenido.

   La discusión sobre las responsabilidades públicas de los medios, también en México, se intensificó debido al inesperado desenlace del escándalo periodístico en torno al Registro Nacional de Vehículos, un proyecto de la oposición política que el gobierno puso en práctica en julio, debido a una decisión del Congreso y que obligaba a todos los propietarios a inscribir sus automóviles en un nuevo padrón. Muchos ciudadanos se opusieron a ese nuevo trámite administrativo pero el disgusto creció cuando se supo que el director de la empresa a la cual se le había concesionado el registro, Miguel Angel Cavallo, tenía antecedentes como torturador en Argentina. La impugnación de los medios fue tan intensa que uno de los principales funcionarios del gobierno encargados de supervisar el Registro, el subsecretario de Comercio Raúl Ramos Tercero, se suicidó el 7 de noviembre. En varias cartas póstumas ese funcionario acusó a los medios de comunicación de haberlo presionado tanto que su fama pública, su vida familiar –y, por lo visto, su estabilidad emocional– quedaron tan maltratadas que se decidió a morir. Entre las reacciones ante ese dramático hecho estuvo una revitalización en el debate sobre la pertinencia de incorporar códigos de ética profesional en los medios mexicanos.

  En Argentina el Consejo Federal de Radiodifusión inició, en la primavera de 2001, 25 averiguaciones sobre otras tantas denuncias sobre infracciones por transmisión de lenguaje altisonante y escenas sexuales en horarios para menores. El interventor de ese organismo, Gustavo López, aseguró que no se trataba de censura “ni queremos que la haya, pero los emisores están obligados a cuidar los contenidos en el horario de protección al menor". Entre otros fueron señalados como infractores los programas El Gran Hermano y El Bar. Hasta las 8 de la noche la programación debe ser “apta para todo público”, entre esa hora y las 10 de la noche puede emplearse “lenguaje adulto” y a partir de las 10 de la noche puede haber “programación apta para mayores de 16 años".

TV, pacto por la calidad en Argentina

   Quizá el avance más notable para mejorar el contenido de los medios durante este periodo en América Latina, al menos en el terreno de las declaraciones y los compromisos, fue el acuerdo entre el gobierno y los empresarios de la radiodifusión para establecer una política de autorregulación en Argentina.

   Ese pacto fue suscrito el miércoles 18 de octubre de 2000 por el presidente Fernando De la Rúa, la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. Allí se establecieron tres franjas de horario en la televisión. En la primera, de las 8 a las 20 horas, se transmitirán programas "aptos para todo público", denominado ATP, en el cual se excluirá el uso de la violencia como recurso reiterado, como fin en sí mismo o asociada a la sexualidad y al maltrato de menores. En ese horario se evitará el abuso de lenguaje vulgar o grosero, así como el exhibicionismo y la búsqueda de impactos efectistas. También se excluirá toda referencia al suicidio, ya se trate del simple intento o del hecho consumado. Todas esas pautas valen también para dibujos animados y anuncios promocionales de programas que se transmiten a otras horas.

   La segunda franja va las 20 a las 22, horario considerado "apto para todo público con presencia de los padres". Allí se evitarán las mezclas de violencia, sexo y droga y las expresiones que contengan valoraciones discriminatorias.

   La franja tercera es el horario de las 22 a las 24, con programas sólo aptos para mayores de 16 años.

   En los talk shows y programas periodísticos, se propone que "no se exponga la intimidad de las personas de manera tal que menoscabe su dignidad o provoque un impacto emocional negativo en los niños" [5].

Atentados a la libertad de prensa

   Inventariar y sobre todo concentrar las noticias de amenazas, persecuciones y agresiones a periodistas siempre tiene el inconveniente de que no todos los incidentes denunciados como ataques a la libertad de expresión ocurrieron debido a la condición profesional de los periodistas agredidos. Sin embargo en el lapso de este recuento pudieron identificarse ataques que pretendieron atemorizar o acallar a distintos comunicadores.

   En el Informe 2001 presentado a su reunión de octubre en Santiago de Chile, la Sociedad Interamericana de Prensa consideró que el 2000: "Fue un año negro para la libertad de prensa en el hemisferio. Hubo 15 periodistas asesinados por ejercer su profesión. También se registraron agresiones, secuestros, intimidación y exilio contra periodistas ejercidos por fuerzas paramilitares, grupos guerrilleros, bandas de traficantes de drogas y de personas, caciques locales y hasta autoridades civiles y militares" [6].

   Por ejemplo en Nicaragua los periódicos La Prensa y Nuevo Diario así como el canal 2 de televisión, se quejaron de recibir presiones del gobierno como represalia por las denuncias de corrupción que publicaron durante todo el año.

   Otro tipo de restricciones, de carácter fiscal, comenzaron a experimentarse en varios países. En abril de 2001 el gobierno de Argentina cuya política de ajuste económico era dictada por el ministro Domingo Cavallo, decidió imponer el IVA a los medios de comunicación. El impuesto, del 21%, fue rechazado por empresas y trabajadores de la comunicación. Por esas fechas, en México, el gobierno de Vicente Fox propuso gravar con el impuesto al valor agregado (del 15%) a los periódicos, revistas y libros, productos que hasta entonces habían estado exentos de tal impuesto.

   En abril de 2001 la revista Playboy de Brasil, que publica el consorcio Abril, fue obligada a cambiar la portada en donde anunciaba un reportaje con fotos de la modelo Ariane Latuf a la que presentaba como “Enfermera del Funk”. En virtud de la resolución de un Tribunal Federal, a partir de exigencias del gremio de las enfermeras, Playboy debió modificar ese encabezado por otro que decía “Prohibida del Funk”. Cynthia de Almeida, editora de la revista, deploró; “Es la primera vez en nuestra historia que padecemos censura previa en tiempos de democracia” [7].

Presencia e influencia política

   En América Latina como en todas partes, los medios han sido escenarios y también protagonistas –con distintas consecuencias– en los procesos de cambio político. En Venezuela se pudo apreciar un empleo desmedido de los espacios en televisión por parte del ahora presidente Hugo Chávez cuando estaba en campaña. En marzo de 2000 el Movimiento V República abanderado por ese candidato y las emisoras Venezolana de Televisión y Radio Nacional infringieron las normas electorales cuando transmitieron un discurso de tres horas de duración. 

   En Perú, las presiones del gobierno sobre los medios fueron tales que la OEA manifestó preocupaciones sobre la equidad en la competencia electoral cuando el presidente Alberto Fujimori quiso reelegirse en abril de 2000 y luego, con motivo de la segunda vuelta de los comicios, en mayo de ese año. Más tarde la televisión sería vehículo para difundir el acontecimiento que puso en aprietos a ese gobernante cuando el canal "N" que transmite por cable presentó el video en donde se mira al asesor presidencial Vladimiro Montesinos cuando entregaba un soborno a un legislador de la oposición. La reacción que suscitó ese video propició que Fujimori anunciara nuevas elecciones para el 2001. La televisión tuvo significativa influencia en las dos vueltas de esos nuevos comicios que acabaron siendo disputados por Alejandro Toledo y Alan García.

   En México la televisión fue el principal escenario de las campañas que desembocaron en las elecciones del 2 de julio de 2000. Los noticieros de los canales nacionales dieron una cobertura en términos generales equitativa a los dos principales candidatos, pero los canales locales privilegiaron notablemente la información del candidato del hasta entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional. La campaña de Vicente Fox se sustentó en denuncias constantes y en un hábil manejo de su imagen contestataria. Los momentos de mayor audiencia a los mensajes políticos fueron los dos debates de los principales candidatos presidenciales, el 25 de abril y el 26 de mayo. La noche del 2 de julio, dos horas después de que habían cerrado las casillas de votación, la televisión dio a conocer el triunfo de Fox.

   En Venezuela, el programa Justicia que conducía el diputado Julio Borges alcanzó el primer sitio entre los reality shows. Ese legislador, que apenas en 2000 llegó al Congreso, aparecía como juez en litigios reales de ciudadanos que acudían hasta él. Borges atribuyó el éxito de su serie a las carencias del sistema judicial en su país y aseguró que cada mes recibía 2 mil propuestas de casos para presentar en ese espacio televisivo.

Contra la violencia política

   En Colombia los medios han propalado la hasta ahora irreductible tensión entre fuerzas paramilitares, militares y del narcotráfico que mantienen devastada a la sociedad. Distintos sectores han exigido que la radio y la televisión no difundan informaciones sobre las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pero los periodistas de esos medios han insistido en que dar a conocer las acciones de tales grupos no significa hacerles propaganda. Sin embargo en octubre de 2000 el noticiero del Canal Caracol aceptó la petición del gobierno para no transmitir un reportaje sobre 90 soldados detenidos por las FARC en un campo cercado con alambre de púas. Algunas imágenes que sí fueron difundidas propiciaron una campaña contra ese grupo guerrillero, al que numerosos comentaristas en la prensa calificaron como nazi por tener detenidos en condiciones que equiparaban a las de un campo de concentración. En abril de 2000, varios medios del departamento de Santander habían realizado una jornada de día y medio en solidaridad con los centenares de secuestrados debido al conflicto armado en Colombia. Expresiones de ese corte se repitieron en varias ocasiones.

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