En siete minutos
El que paga manda: nueva regla para asignar
concesiones según los apresurados diputados
Publicado en el suplemento de la revista etcétera, diciembre de 2005
Raúl Trejo Delarbre
La desconfianza es inevitable: desde hace cuatro décadas y media la Ley Federal de Radio y Televisión permanecía intocada, a pesar de numerosas y fundadas exigencias para que se le sustituyera por un ordenamiento tecnológica y políticamente moderno. Largas e infructuosas deliberaciones desembocaron, una y otra vez, en la cerrazón de la mayor parte de los legisladores. Ahora, de repente, a la Cámara de Diputados le bastaron siete minutos para reformar esa ley y la de Telecomunicaciones.
No hubo un solo argumento. Nadie habló en contra ni a favor de la iniciativa que solamente diez días antes había presentado el diputado priista Miguel Lucero Palma. Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios solicitaron al pleno que la propuesta fuese votada sin siquiera leer el dictamen. En un minuto se aprobó ese procedimiento. En otro más se convocó a la votación. Se requirieron cinco, reglamentarios, para que los diputados pulsaran el botón verde que hay en cada una de las curules. Fast track: 327 legisladores aprobaron la reforma. Ninguno en contra. Cero abstenciones.
Pocas veces la Cámara de Diputados aprueba una reforma legal de manera tan rápida. Este 1 de diciembre de 2005 lo hizo precisamente para modificar la ley que quizá ha suscitado discusiones más extensas y realineamientos más enconados en el Poder Legislativo. La reforma legal de los medios electrónicos ha sido requerida por muy diversas voces y fuerzas sociales a las que, invariablemente y con argumentos pobres, se han enfrentado los consorcios de la radiodifusión. Allí está, desatendida por la falta de consenso, la cuidadosa propuesta que todavía a comienzos de 2005 impulsaron senadores de varios partidos. Antecedentes e ideas no han faltado para dicha reforma. En vez de reconocer ese proceso de elaboración y deliberaciones, los diputados aprobaron una propuesta limitada y pobre. Si se le mira con exigencia la reforma del 1 de diciembre, que ahora tendrá que pasar por el Senado, podría ser considerada como engañosa y riesgosa.
Concesiones aún en
manos del gobierno
A diferencia del proyecto integral que han promovido varios senadores, la reforma de los diputados contempla unos cuantos de los aspectos que es preciso atender para la radiodifusión. Se circunscribe a tres temas: transfiere a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pero sólo de manera parcial, la asignación de concesiones que hasta ahora ha sido privilegio del gobierno; impulsa la transmisión de contenidos de producción nacional independiente en la televisión y la radio y adjudica al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de contratar espacios para la propaganda de los partidos y candidatos.
Cada uno de esos cambios tiene limitaciones importantes. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, adquiriría nueva composición y atribuciones, de acuerdo con las reformas que los diputados aprobaron a la legislación de ese ramo. Pero en la asignación de concesiones solamente podría opinar. La decisión final seguirá siendo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Licitación: el dinero define
el derecho a comunicar
Las concesiones de radio y televisión se otorgarían por licitación. La reforma de los diputados no establece criterios para ese concurso. El único atributo que se menciona es el pago de una “contraprestación económica”. Eso significa, simple y desfachatadamente, que de acuerdo con esa reforma legal los beneficiarios de nuevas concesiones serán quienes tengan más dinero para pagarlas.
Allí se encuentra la vertiente más riesgosa –para la Nación, para la sociedad, para la competencia necesaria entre los medios mismos– en la reforma que los diputados aprobaron con tanta ligereza. El que paga manda: esa sería la divisa con que podría explicarse la asignación de concesiones de radiodifusión. Aunque a los solicitantes de una concesión se les pediría, junto a diversas especificaciones técnicas, que presenten un “proyecto de producción y programación”, el factor esencial para esas decisiones será el dinero. Una de las causas para que una licitación pudiera ser cancelada sería la insuficiencia de las ofertas financieras (la SCT declararía desierto el procedimiento si considera que “las contraprestaciones ofrecidas no son satisfactorias”).
Carpetazo a las
radios comunitarias
La reforma de los diputados establece que las concesiones tendrán una duración de 20 años. Varios de los proyectos de reforma que han sido presentados y las pautas internacionales sugieren que dicha vigencia debiera ser menor. Pero en ese aspecto, como en casi todo el paquete de modificaciones para la radiodifusión, escasean las explicaciones.
La Cofetel organizaría las subastas de concesiones. Pero los permisos, que son las autorizaciones para la radio no comercial, seguirían quedando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Allí se incorpora una modificación que tiene dedicatoria contra las radiodifusoras comunitarias.
La actual ley establece que los permisos pueden ser otorgados “a ciudadanos mexicanos y entidades u organismos públicos...” En la nueva versión se dice que la radiodifusión permisionada será solamente para dependencias federales, organismos paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a instituciones de educación públicas. Se omite a los “ciudadanos”. Aunque en otro artículo se dice que los permisos para estaciones culturales y de experimentación “sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas...” la enumeración anterior limita el perfil de la radiodifusión permisionada.
Eso puede implicar que, de convertirse en Ley, la reforma de los diputados cancelaría cualquier posibilidad de radiodifusión no comercial y en manos de la sociedad. Las nuevas estaciones comunitarias serían obligadas a desarrollarse en la ilegalidad. En otras palabras: la nueva ley propiciaría nuevos y crecientes conflictos políticos.
Contenidos nacionales
pero a cambio de un premio
En un aparente esfuerzo para respaldar a los productores de televisión y radio que no trabajan para los grandes consorcios, la nueva ley autoriza a los radiodifusores a difundir 5% más de tiempo de publicidad siempre y cuando destinen al menos 20% de sus espacios a ese tipo de programas.
Podría considerarse que todo lo que se haga para apuntalar la producción mexicana es saludable. Pero el hecho de premiar por transmitir material nacional no pareciera ser el mejor precedente ni el mejor recurso. La ley aprobada en San Lázaro no define qué ha de entenderse por “producción nacional independiente” de tal manera que a los consorcios de la radiodifusión les resultará fácil ganar, con sencillos subterfugios, la bonificación del 5% en tiempo publicitario.
Reglas para propaganda
electoral... hasta 2009
El aspecto que pareciera más virtuoso de la reforma es la facultad que otorga al IFE para adquirir la publicidad política en televisión y radio durante los procesos electorales. Los partidos ya no podrían tratar esas contrataciones directamente con los medios, de tal manera que se eliminarían los pactos furtivos y las tarifas preferenciales que los consorcios mediáticos otorgan a los candidatos y agrupaciones a los que quieren beneficiar.
También se establece que las empresas de radiodifusión tendrían obligación de informarle al IFE los montos y detalles de cada contratación que hagan los partidos durante las campañas federales. Esa disposición volvería innecesarios los convenios como el que recientemente y de manera tan discutible suscribió el IFE con Televisa –en donde, sin venir a cuento, la autoridad electoral admitió que esa empresa puede “autorregularse” como si no hubiera leyes para la radiodifusión–. Pero tal disposición es, en sí misma, redundante: no hace falta que la ley obligue a las empresas de televisión y radio a informarle al IFE acerca de los contratos que los partidos establecieran con ellas porque esos contratos estarían prohibidos. La misma reforma legal le confiere a la autoridad electoral la facultad de ser ella la que pague –con cargo al presupuesto de cada partido– la publicidad política en medios electrónicos.
Dotar al IFE de plenas facultades para negociar, contratar y administrar la publicidad de campañas federales en medios electrónicos es un avance importante. De hecho, hoy en día el del gasto político en medios de comunicación es uno de los grandes problemas sin resolver que mantienen varado al desarrollo democrático mexicano.
Pero esa reforma, en lo que toca a la publicidad electoral, no sería vigente para las campañas que están por iniciarse con vistas a las elecciones de julio de 2006.
Un artículo transitorio en la reforma de los diputados establece que las disposiciones relativas al gasto de los partidos en los medios “entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 2007”. Y como ese año y el siguiente no habrá elecciones federales, tales reglas serían aplicables hasta 2009.
La reforma, de nuevo en
manos de los senadores
Descuidada y precipitada, la reforma de la radiodifusión que de pronto se abrió paso en San Lázaro ameritaría más reflexión pero, sobre todo, miras más amplias por parte de los legisladores. No deja de resultar extraña la súbita disposición de los diputados, tan reacios a ese tema, para ponerse de acuerdo y establecer tales reglas para la televisión y la radio. Pero evidentemente fallaron. No es la primera vez. En febrero pasado los diputados aprobaron con similar unanimidad, y con notorio alborozo, un enmarañado procedimiento para el voto de los mexicanos en el extranjero. El gusto se les fue al pozo cuando fueron evidentes las pifias que de manera tan irreflexiva habían respaldado.
Le tocó al Senado enmendar aquellos traspiés de sus colegisladores acerca del voto fuera del país. Ahora es deseable que ocurra lo mismo. Si su ánimo reformador se encuentra tan decididamente orientado a la radiodifusión, los diputados estarán dispuestos a recibir un nuevo dictamen, sustancialmente corregido por los senadores. Eso, siempre y cuando en la llamada Cámara Alta imperen la sensatez y no se reproduzca la ofuscación que llevó a 327 diputados a respaldar una reforma de horizonte tan estrecho, implicaciones tan expuestas y resultados tan contradictorios. Todo ello, en siete minutos y sin discusión alguna.
--0--