El sitio de Raúl Trejo Delarbre

 

  

La accidentada ruta hacia el

Congreso Universitario de 1990

 Una lectura de la disputa que paralizó la reforma académica

 entre 1986 y 1990 en la UNAM

 

  

Raúl Trejo Delarbre

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Noviembre de 1999

 

Raúl Trejo Delarbre [1]

 

El Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria había sido acondicionado para un evento con tanta o más algarabía y espíritu de competencia que los partidos de pelota que suelen jugarse allí. Habría contendientes, expectación y público. Sin embargo, el motivo de la disputa no sería deportivo. Estaba en litigio la reforma de la Universidad Nacional Autónoma de México.

   El lunes 14 de mayo de 1990, en el Frontón remozado y acondicionado para tan insólito acontecimiento, se instaló el Congreso Universitario. 846 delegados electos en toda la Universidad, tendrían la responsabilidad de debatir y decidir acerca de los problemas sustantivos de esa institución.

   Llegar a la realización del Congreso no había sido fácil, ni rápido. Tuvieron que pasar tres años, tres meses y cuatro días para que, después de haber sido acordado en medio de una huelga estudiantil, el Congreso fuera realidad.

   Ese proceso de negociaciones, tensiones y estancamientos en la UNAM, fue tan o quizá más importante que el Congreso mismo. Durante más de tres años, las principales fuerzas políticas en esa institución se enfrascaron en un dilatado regateo, especialmente acerca de las reglas para el Congreso. Las discusiones sobre procedimientos, duraron más tiempo que la reflexión sobre las reformas que se pretendían para la Universidad.

   En este ensayo, nos ocupamos de ese prolongado y en varios sentidos incierto periodo para la Universidad. A partir de la iniciativa de reformas del rector Jorge Carpizo en la primavera de 1986 y hasta más de cuatro años después, ya con otro Rector y en una circunstancia nacional muy distinta, la UNAM permaneció sin resolver las medidas mínimas que requería para evitar su estancamiento académico y organizativo.

 

1986: fortalezas y debilidades de una

"Universidad gigantesca y mal organizada"

   El Congreso Universitario sería consecuencia del proyecto de reformas presentado por el Rector Jorge Carpizo en abril de 1986. En el célebre documento Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México [2], Carpizo hacía una severa crítica de las negligencias y omisiones que, junto a sus conocidas luces, padece la Universidad más grande del país.

   Ineficiencia para concluir estudios de licenciatura, rezagos en la titulación en el posgrado, carreras con sitios vacantes a pesar de la enorme demanda en otras y la injusticia que para la mayoría de los egresados de bachillerato significaba el pase reglamentado a la licenciatura que beneficiaba a los egresados de las preparatorias de la UNAM, eran algunas de las zonas oscuras señaladas por el Rector.

   Aquel inventario incluía el mínimo esfuerzo que suele invertirse en la presentación de exámenes extraordinarios, la deficiente orientación vocacional, el enmascaramiento del servicio social que se ha convertido en requisito y no en oportunidad de retribución al país y  la permanencia de cuotas cuyo carácter simbólico eximía de compromiso con la Universidad a muchos estudiantes y sus familias. La crítica al personal académico era inclemente: ausentismo, incumplimiento de la legislación que exige la presentación de informes y programas de trabajo y, en ocasiones, la existencia de profesores que cobran pero no trabajan. A las autoridades, el Rector Carpizo les reprochaba el abuso en la contratación de profesores sin pasar por concurso de selección.

   La preeminencia de consideraciones políticas por encima de las académicas, el deterioro en la calidad de la enseñanza y la disminución de los recursos financieros de una Universidad cuyas debilidades le impedían exigir más porque no se comprometía a más, eran parte de ese panorama drástico y ácido. En 30 puntos, Carpizo describía las carencias de "una Universidad gigantesca y mal organizada; en algunos aspectos se da una fuerte centralización que ahoga a las dependencias académicas, y en otros no existe ningún control... La gran magnitud de la Institución ha tendido a favorecer una grave inercia e inamovilidad en sus más diversos aspectos. En varias facetas la Universidad ha perdido el buen sentido de competitividad para superarse y ser mejor" [3].

   A partir de ese diagnóstico, Carpizo convocó a los universitarios para expresar sus opiniones. Entre abril y septiembre de 1986, la Rectoría recibió 1760 ponencias a cargo de consejos técnicos e internos, colegios, asociaciones, miembros del personal académico y estudiantes, entre otros actores de la vida universitaria. Con ese aval, el Rector presenta un paquete de reformas que incluyen la derogación del pase automático del bachillerato a la licenciatura; el establecimiento de una sola vuelta en exámenes extraordinarios; la fijación de límites máximos para presentar tales exámenes así como para las materias que pueden ser reprobadas; el despido de los profesores que no trabajen; aumento en las cuotas por servicios como exámenes extraordinarios, examen médico y expedición de certificados; el cumplimiento cabal de las horas para las que está contratado cada profesor y la evaluación del personal académico a partir de los programas que entregue a sus consejos técnicos. Esas medidas, que en total eran 26, incluían apoyos didácticos para los estudiantes, revisión y actualización de planes de estudio y elección directa y secreta de los representantes de profesores y alumnos a los consejos técnicos y universitario [4].

   Esas propuestas del Rector, fueron aprobadas por el Consejo Universitario los días 11 y 12 de septiembre. En rechazo a ellas, el 31 de octubre se constituyó el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, con representantes de 25 escuelas de la UNAM. Diez días más tarde, el Rector designa una comisión para negociar con esos estudiantes. Sin embargo, ya estaba en marcha una escalada de confrontación entre ambas partes.

 

Rechazo estudiantil, diálogo público

y Congreso luego de 20 días de huelga

   El CEU alegaba que la Universidad no podía eliminar derechos que los estudiantes habían disfrutado durante años. Las autoridades de la UNAM, sostenían que la actualización y ampliación de esos derechos (por ejemplo, para los estudiantes de bachilleratos no dependientes de la Universidad) eran parte de una actualización indispensable.

   El 13 de noviembre, el CEU sostiene un paro en varias escuelas y facultades. Aunque la Rectoría propone atenuar el efecto de algunas de las disposiciones aprobadas por el Consejo Universitario (estableciendo plazos más amplios para su cumplimiento, entre otras medidas) el rechazo estudiantil aumenta. El CEU insiste en la derogación de las reformas y, además, en la realización de "un Congreso Universitario de Transformación Democrática" [5].

   Entre el 6 y el 9 de enero de 1987, la comisión de Rectoría y los dirigentes del CEU sostienen una discusión pública en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. El Consejo Estudiantil insiste allí en la realización de un Congreso. No había una idea muy precisa acerca de cómo, cuándo y en ocasiones, ni siquiera para qué celebrar ese evento al cual, sin embargo, se le anticipaba como magno y todopoderoso, o casi, para resolver los problemas de la UNAM. Pero ese tema, junto con el rechazo a las reformas de septiembre, se convirtió en la principal demanda del para entonces creciente movimiento estudiantil.

   En las pláticas públicas, las autoridades universitarias se dedican a responder a las impugnaciones a las reformas aprobadas por el Consejo Universitario e incluso, ofrecen una nueva colección de propuestas para matizarlas. El CEU se niega a aceptarlas. En su rechazo formal a la nueva iniciativa de Rectoría, el 16 de enero el Consejo Estudiantil propone: "la realización de un Congreso General Universitario". El método para llegar a ese Congreso, de acuerdo con el CEU, sería el siguiente: "Planteamos la conformación inmediata de una gran comisión universitaria integrada por profesores, investigadores, trabajadores, estudiantes y autoridades de la UNAM. Esta gran comisión universitaria habrá de proponer los mecanismos, la composición, la agenda y los tiempos de discusión del Congreso Universitario" [6].

   La Comisión de Rectoría aceptó llevar esa iniciativa al Consejo Universitario. Sin embargo, las pláticas habían servido de poco para acercar las posiciones del CEU y las autoridades. El 20 de enero, en un comunicado, el Rector Jorge Carpizo admitió: "diversos sectores han manifestado que la problemática general de la Casa de Estudios debe ser analizada en un Foro, Asamblea o Congreso" e insistió en que esa posibilidad debía ser conocida por el Consejo Universitario [7]. El 26 de enero la propia Comisión de Rectoría, en un documento entregado al CEU, señala que ese "Foro o Congreso" sería escenario de "una gran discusión sobre los problemas de la Universidad" , a fin de que "todos los universitarios elaboremos juntos la reforma capaz de poner a la UNAM a la altura del país que queremos construir". La convocatoria al Congreso sería elaborada por una comisión del Consejo Universitario, según esa propuesta [8].

   El mismo Jorge Carpizo, el 29 de enero en un mensaje público, señaló que "el contexto universitario ofrece las condiciones para que, mediante la celebración de uno o varios foros o congresos, se apunten las ideas de la universidad futura. Efectivamente es necesario ampliar aún más la discusión y promover la participación de todos y en todos los ámbitos de la Universidad. Congreso sí, respondimos, pero dentro de los cauces normativos de la Institución. Crear una nueva legalidad pero a partir de la legalidad existente. Congreso respetuoso de los órganos y estructuras institucionales para buscar desde ellas su modernización y perfeccionamiento; Congreso abierto a todos, representativo de la pluralidad universitaria". Carpizo apuntaba, desde entonces, una de las limitaciones formales del Congreso: "el Consejo Universitario no está facultado para delegar su propia competencia legislativa, pero es indudable que ponderaría las conclusiones de un congreso universitario plural" [9].

   En ese mensaje, el Rector sugería que el Congreso debía ser el punto de llegada de un extenso proceso de deliberación y no el único espacio de esa discusión: "Se han expresado muchos sectores --consejos técnicos, consejos internos, asociaciones y colegios de profesores e investigadores, grupos y sociedades de alumnos-- que quieren participar en la transformación de la Universidad. Quieren voz y quieren voto. Por ello y para ello está la propuesta de foros en cada facultad, escuela, instituto y centro, como una etapa preliminar del Congreso Universitario" [10].

   Sin embargo, unas horas antes había estallado la huelga estudiantil. El CEU cerró la mayor parte de las escuelas y facultades, dentro y fuera de Ciudad Universitaria. A pesar de la huelga, las comisiones de Legislación Universitaria y de Trabajo Académico del Consejo Universitario siguieron sesionando para recibir a diversos grupos que expresan opiniones acerca del Congreso Universitario.

   El 10 de febrero, el Rector propone al Consejo Universitario la realización de un Congreso General. En sus consideraciones, Carpizo manifiesta: "El Congreso Universitario no ha de verse como espacio para una contienda política ni como instancia sectaria que aplaste al supuesto contrincante, o que extermine los puntos de vista opuestos. Por el contrario, el Congreso debe ser sitio de absoluta libertad y legitimidad para la confrontación de las ideas, para la expresión de las razones y para la búsqueda de procesos de síntesis que favorezcan el desarrollo de la Universidad". La propuesta del Rector indica que el Consejo Universitario "deberá asumir las conclusiones del Congreso Universitario" y que habrá de crearse "una comisión organizadora del Congreso donde se encuentre representada la pluralidad de la Universidad" [11].

   Esa noche, a propuesta de Carpizo, el Consejo Universitario aprueba la realización de un Congreso y la suspensión de los reglamentos de septiembre anterior. La propuesta aprobada estableció la creación de una comisión organizadora del Congreso formada por 48 universitarios. 16 de ellos, fueron designados en esa misma sesión. Otros 16 serían representantes electos por los estudiantes y una cantidad igual, delegados del sector académico. Las formas de elección tendrían que ser definidas por los primeros 16, miembros del Consejo Universitario [12].

   Después de nuevos regateos y de consultas de la dirección estudiantil en sus asambleas, la huelga termina el 17 de febrero. Aunque desde entonces se dijo que el Congreso había sido una conquista de esa huelga, desde antes de la suspensión de labores las autoridades universitarias lo habían aceptado (el otro logro, fue la suspensión de los reglamentos que el CEU había impugnado).

   La única diferencia, estuvo en la capacidad resolutiva que se le adjudicó al Congreso. Antes de la huelga, el Rector proponía un Congreso cuyas conclusiones fuesen consideradas por el Consejo Universitario. Ya con huelga, especificó que esas conclusiones las debería "asumir" el Consejo.

   La imprecisión de esa fórmula, fue advertida por el mismo Consejo Estudiantil Universitario, en cuyo interior se discutió largamente la resolución del 10 de febrero. En un manifiesto publicado al levantamiento del paro, el CEU enumeraba entre las "conquistas históricas" de "nuestro vigoroso y legítimo movimiento de huelga": "Un Congreso General Universitario que se entiende es resolutivo, al asumir el Consejo Universitario sus conclusiones" [13].

 

1987: diez meses para instalar la COCU

y el regateo por la proporcionalidad

Cuando un acuerdo requiere de tantas explicaciones, es porque cada una de las partes que lo suscribió puede tener interpretaciones distintas acerca de él. Entonces ese acuerdo, tarde o temprano, será nuevo motivo de litigio. La idea de que el Congreso "se entiende que es resolutivo", sería motivo para el estancamiento que sufrirían sus acuerdos. Para eso, tendría que transcurrir mucho más tiempo.

   Antes del Congreso, se desarrollaría un largo, tenso e incluso tedioso periodo de negociaciones sobre los procedimientos para realizarlo. Entre la designación de los primeros 16 integrantes de la Comisión Coordinadora y la elección de los otros 32, pasaron casi diez meses. Entre la decisión del Consejo Universitario para realizar el Congreso y la inauguración de ese evento, pasaron tres años con tres meses.

   Después de la huelga estudiantil de enero-febrero de 1987, las principales fuerzas políticas de la Universidad compartían la idea del Congreso, o al menos eso manifestaban, pero trataban de entorpecerse mutuamente el camino hacia ese evento. Cada una, quería establecer reglas a su propia conveniencia para favorecer la designación de una mayor cantidad de delegados capaces de representar sus puntos de vista.

   Durante casi tres años, la preparación del Congreso estuvo casi totalmente dedicada a un tenso e intenso regateo alrededor de las normas para constituirlo. Una primera fase de ese largo periodo, fue destinada al cabildeo y el intercambio dentro de la Comisión Especial, que era como se designaba al grupo de 16 universitarios designados en febrero de 1987. El reglamento para sus discusiones internas, los procedimientos para dar a conocer acuerdos, los horarios y el sitio de las sesiones y hasta los asuntos de mayor detalle, consumieron las primeras semanas de esa Comisión.

   Poco después, se manifestó la existencia de diversas concepciones acerca de la participación de los universitarios en las discusiones futuras. Los representantes del CEU querían que el resto de la Comisión Organizadora fuese designado a partir de planillas por cada sector: la planilla que obtuviese más votos, tendría derecho a designar todos los delegados por esa área.

   Las cuentas que hacía el CEU se sustentaban en un ajado pero efectivo corporativismo pero junto con ello, eran profundamente antidemocráticas. Como suponían que en el sector estudiantil tendrían mayoría, querían quedarse con todos los representantes de los alumnos aunque eso significara dejar fuera de la organización del Congreso a los miembros de otros grupos estudiantiles.

   Otros universitarios, especialmente entre el personal académico, señalaron el autoritarismo de esa propuesta. La designación de los integrantes de la Comisión Organizadora, decían, debería ser de manera proporcional. El 19 de junio en La Jornada, el profesor Carlos Pereyra, de la Facultad de Filosofía y Letras, impugnó ese comportamiento: "Los integrantes del CEU podrían corear ahora, dada su vocación de carro completo, 'todos somos priistas'... no hay razón legítima alguna para rechazar los mecanismos de representación proporcional en la comisión organizadora del Congreso. La pretensión de que una sola fuerza se quede con la totalidad de los puestos de elección es pura arbitrariedad"[14].

   Cartas abiertas, desplegados y numerosos artículos, llevaron a ese diario la discusión sobre la proporcionalidad en la designación de la comisión universitaria. Ese debate se constituyó en una presión pública para los dirigentes del CEU, que el 30 de julio presentaron una propuesta intermedia: que en la designación de la comisión se emplearan criterios de proporcionalidad, pero a partir del 33.1% --es decir, para tener derecho a al menos un delegado, una planilla tenía que lograr por lo menos ese porcentaje-- [15].

Tal proporción, amenazaba con dejar fuera de la Comisión a grupos estudiantiles que solo tenían presencia en una escuela o facultad, o en unas cuantas. El litigio entonces, durante dos meses, es por el porcentaje que debían alcanzar las planillas. Ninguna solución sería del agrado de todos, aunque la necesidad de llegar a algún acuerdo conduce a una fórmula de compromiso.

   El 1º. de octubre de 1987, la Comisión llega a una decisión. De los 16 representantes estudiantes, 6 serían del bachillerato, 6 de facultades y escuelas y el resto del posgrado. Los académicos, serían 4 de bachillerato, 8 de licenciatura y 4 del sistema de investigación. Las elecciones serían por planillas y las representaciones estarían conformadas por una mayoría calificada y minorías. Para tener derecho a un representante, una minoría debía alcanzar al menos el 28% de los votos en uno de los sectores.

   Las reglas eran tan complejas, que para publicarlas la Comisión Especial necesitó dos planas en los diarios[16] y merecieron críticas como la siguiente:

   "Las bases para la elección inducen a un alineamiento bipolar y artificial en la UNAM. Para elegir a profesores y estudiantes se recurre a una fórmula rígida y excluyente. Sólo pueden participar planillas que incluyan a todos los niveles (aunque a los investigadores se les hace un huequito aparte), y para tener un representante se requiere un mínimo de votación del 28 por ciento.

   "Me gustaría saber ¿por qué? ¿Por qué un grupo de profesores del CCH o las prepas, o algunas facultades no puede presentar su lista de candidatos y competir en el nivel --bachillerato o licenciatura-- que deseen? ¿Por qué si una planilla obtiene la cuarta parte de la votación no obtendrá ningún representante? ¿Por qué si otra logra el 30 por ciento tendrá un lugar, mientras que la que obtenga el 70 por ciento tendrá 15? ¿Por qué el afán de inflar artificialmente la representación mayoritaria?" [17].

   Esa fórmula, en efecto, propició y consiguió la polarización de los universitarios. En el sector estudiantil se presentaron dos planillas. Entre los profesores, otras dos. Y dos más, en el área de los investigadores. Las votaciones en toda la Universidad, fueron el jueves 3 de diciembre de 1987.

   Entre los estudiantes, había dos planillas: la del Consejo Estudiantil Universitario, integrada por una coalición de las corrientes que habían sostenido la huelga y el grupo Unidad Universitaria, con posiciones contrarias a los ex huelguistas. Votaron 170 mil 886 estudiantes, el 56% de un padrón de 305 mil alumnos. La planilla del CEU obtuvo 125 mil 893 votos: el 75.13% del total [18]. La de UU, 41 mil 663, el 24.87%. Eso significó que los 16 lugares de la representación estudiantil fueron, todos, para el Consejo Estudiantil Universitario [19].

   En el sector de los profesores, se presentaron las planillas Consejo Académico Universitario, con simpatizantes de la huelga de enero-febrero y Frente Académico Universitario, con profesores opuestos a aquel movimiento. Sumados los sufragios de los académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado, resultó que acudieron a votar 16 mil 461 de un padrón de 26 mil 86, es decir, el 63%. De esos votos, 6 mil 870 --el 42.57%-- fueron para la planilla del CAU y 9 mil 270 --el 57.43%-- para la del FAU. En virtud de las reglas de esa elección, el Consejo tuvo 4 delegados y el Frente, ocho [20].

   El sector de los investigadores tuvo derecho a 4 delegados. Tres de ellos, fueron de la planilla Academia Universitaria y el otro, de la Planilla Universitaria de Investigación [21]. La primera, obtuvo 1357 votos y la otra, 838. En total, votaron 2247 investigadores de un padrón de 2634, es decir, algo más del 85%.

   Después de casi un año, la Comisión Organizadora del Congreso contaba ya con sus 48 integrantes. El trapicheo de posiciones y exigencias, sólo se volvía más complejo porque ahora lo protagonizaría una mayor cantidad de comisionados.

 

Disputa entre los organizadores;

"Congreso político, no" dice Carpizo

   Las sesiones de la COCU, como pronto se conoce a la Comisión, con frecuencia son entendidas más como escenario para establecer posiciones testimoniales que como espacios para lograr acuerdos. Varios delegados, especialmente del sector estudiantil, aprovechan la atención de los medios para hacer de esas reuniones un foro de arengas y reconvenciones a las autoridades universitarias. Junto con las exaltaciones verbales, entre los últimos meses de 1987 y los primeros de 1988, la Universidad había estado en tensión debido a la ocupación de locales y la realización de paros por parte de miembros del CEU. Por su parte, el CEU acusaba a la Rectoría de utilizar porros para violentar la situación en varios planteles.

   Ese clima conduce a que, exactamente un año después de que el Consejo Universitario había aprobado el Congreso, 25 miembros de la COCU --los representantes de las autoridades, junto con los profesores considerados como "institucionales"-- abandonen la Comisión. Encabezados por el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Madrazo Cuéllar, esos comisionados se retiran en protesta por los calificativos que uno de los representantes estudiantiles había prodigado en la sesión anterior. El dirigente Antonio Santos, había dicho que el Rector Jorge Carpizo era "provocador, fanático, militante, represor, tendencioso, corrupto, intransigente, insidioso, demagogo y cobarde" [22]. En reacción al retiro de aquellos 25 comisionados,  seis miembros del CEU se ponen en huelga de hambre, entre el 10 y el 16 de febrero de 1988.

   El 16 de febrero, la gran mayoría de los directores de facultades, institutos y escuelas, así como los principales funcionarios de Rectoría, apoyan la decisión de los 25 comisionados que decidieron ausentarse de la COCU. Esos funcionarios acusan: "Responsabilizamos a los líderes e integrantes del Consejo Estudiantil Universitario y del Consejo Académico Universitario, del clima de violencia e inestabilidad que aqueja a nuestra Casa de Estudios y que ha ocasionado que se pierdan las condiciones mínimas para sostener un diálogo de altura entre universitarios" [23].

   El CEU amenaza con ir de nuevo a la huelga. Inicialmente la convoca para el 26 de febrero pero luego la sustituye por manifestaciones y por la decisión de ocupar la Torre de Rectoría. Sin embargo, el 1º de marzo la Comisión Organizadora del Congreso vuelve a sesionar con todos sus integrantes.

   La tirantez entre CEU y Rectoría, cada una de esas partes rodeada de numerosos aliados, aumentaba como resultado del clima político nacional. El 6 de julio de 1988 tendrían lugar las elecciones presidenciales rumbo a las cuales, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional, había suscitado fuertes expectativas dentro de la UNAM. Varios de los dirigentes del CEU, así como grupos de profesores con diversas e incluso contradictorias posiciones acerca de la reforma universitaria, deciden participar en el respaldo a ese candidato.

   El 8 de mayo, el rector Jorge Carpizo publica en el diario Excélsior un artículo titulado "Universidad, política y academia" en donde, al mismo tiempo que reconoce el carácter político de la Universidad, se manifiesta en contra de un Congreso politizado.

   "Cuando expresamos que en la UNAM estamos en contra de un Congreso político, sabemos que la gran mayoría de los universitarios entienden muy bien lo que queremos expresar: estamos en contra de un Congreso que ponga a la institución bajo el dominio de cualquier partido o grupo político, de un Congreso dogmático, de un Congreso que vulnere nuestra autonomía permitiendo que la Universidad se vuelva arena de disputas partidistas, de un Congreso que persiga que la Universidad se convierta en ariete político para lanzarla en contra del Estado, de un Congreso cuya finalidad sea apoderarse de la Universidad para utilizarla con fines particulares de grupo o partido. En este sentido, lo hemos dicho y lo hemos escrito: Congreso político en la UNAM, no, mil veces no" [24].

 

1988: seminarios de diagnóstico y "una

COCU trabada en el enfrentamiento"

   Un espacio de distensión, aunque insuficiente, lo constituyeron los "Seminarios de Diagnóstico" que la COCU el 25 de marzo convocó para realizarse, de manera obligatoria, en cada una de las dependencias universitarias en donde hubiera actividades de docencia, extensión o investigación. Los seminarios se efectuaron entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 1988 [25].

   A esos seminarios, fueron presentadas más de 5 mil ponencias (algunas colectivas y otras a título personal).

   Sin embargo, los estudiantes y profesores estaban más pendientes del proceso político nacional que de la política dentro de la UNAM. Pocos meses más tarde, dos de los miembros investigadores de la COCU reconocían que la disputa electoral y el proceso de calificación de los comicios acaparaban el interés de los universitarios. Además, dentro de la UNAM estaba por comenzar el proceso para seleccionar un nuevo Rector. "La realización del Congreso Universitario demanda el entusiasmo, la atención, el trabajo y la dedicación de los universitarios, todo esto en un ambiente propicio en el que el centro de la discusión sea el futuro de la Universidad" [26].

   El hecho de que dos universitarios tan comprometidos con el Congreso considerasen necesario decir tales obviedades, era indicio de la confusión que, para el verano de 1988, prevalecía en la Universidad acerca de ese asunto. Hacía falta precisar coordenadas y objetivos del Congreso, aunque en otras circunstancias fueran tan evidentes.

   Esos investigadores advirtieron que "La realización del congreso en forma simultánea con estos procesos podría resultar en una desviación de su propósito al mezclarse su problemática específica con el debate político nacional o el proceso de cambio de rector. Por otra parte, sería difícil evitar que la COCU o el mismo congreso sirvieran para intervenir en dichos procesos". Por eso, sugerían que el congreso fuese aplazado hasta el primer semestre de 1989. Se quedaron cortos: aún haría falta un año más después de esa fecha.

   Otros acontecimientos parecían destinados a influir en la sucesión rectoral e, indirectamente, afectaron la preparación del Congreso.  El 13 de octubre, un grupo de miembros del CEU interrumpió una sesión del Consejo Universitario para protestar por la elección de consejeros estudiantes en la Facultad de Ingeniería. El rector Carpizo manifestó al día siguiente que esa perturbación formaba parte de un plan para asediar a la UNAM: "Considero que en la conciencia nacional está muy claro que a los líderes del CEU y del CAU no les importa la vida académica de la Universidad, sino utilizarla como instrumento político para sus fines personales, de grupo o de partido".

   Explicó Carpizo: "Después del conflicto estudiantil de 1986-1987 traté de que la energía de ese movimiento estudiantil se pusiera al servicio de la transformación de la Universidad. No tuve éxito porque para los líderes del CEU la verdad sólo la tienen ellos, es el dogmatismo puro, no admiten discusión. El enfrentamiento más serio fue cuando, para decirlo con sus propias palabras, consideraron que después del movimiento estudiantil se sentían muy fuertes y sentían al Rector muy debilitado; en consecuencia, si éste no quería problemas debía aceptar sus mandatos constituyéndose ellos en la verdadera autoridad. Desde luego jamás acepté esos planteamientos. La autoridad universitaria fue recuperándose y no permití que se avasallara a la Universidad. Ello ha sido más difícil de lo que parece a primera vista..." [27]. El Rector, en ese documento, hacía varias prevenciones sobre la que consideraba la posible "destrucción académica de la Universidad Nacional".

   Como resultado de la suspensión brusca de la sesión del Consejo Universitario, 16 miembros de la COCU, designados por el Consejo o por el Rector anunciaron que dejarían de participar en dicha Comisión. "Están claras las intenciones del CEU y del CAU de aprovechar el procedimiento para la designación del Rector que deberá cumplir el periodo 1989-1993, para crear un grave problema político en la UNAM. En estas condiciones la COCU no puede servir como foro o escaparate para tales propósitos" [28], dijeron.

   Dos días más tarde, tres de los miembros investigadores de la COCU compartieron algunas de las preocupaciones acerca de la sobrepolitización de la situación universitaria, pero además hicieron una crítica muy severa al trabajo de esa Comisión. La reforma académica, dijeron, es la tarea más importante en la búsqueda de "una universidad más democrática, de excelencia académica, y comprometida con los intereses nacionales y populares", aseguraron. Sin embargo:

   "Este reclamo primordial y generalizado no encontró correspondencia en las dirigencias corporativas de los sectores estudiantil y magisterial, quienes de manera constante anteponen otros problemas, conflictos e intereses frente al trabajo político y académico esencial: la transformación de la UNAM. Esas posiciones profundizaron la polarización y la intolerancia, fomentaron el corporativismo, generaron enfrentamientos y trataron de alinear o marginar a los grupos que con independencia, demandan participar en el proceso de un congreso plural y democrático. El impedir el funcionamiento del Consejo Universitario por la vía de los hechos, es la culminación de esa tendencia que ha abandonado su principal responsabilidad política. De esa acción, que rechazamos, pueden derivarse situaciones en que el proyecto democrático retroceda, pierda los espacios ganados y se fragmente".

   Los comisionados Rafael Pérez Pascual, José Ruiz de la Herrán y Arturo Warman, añadieron en ese manifiesto:

   "No se han creado las condiciones generales en la comunidad para la celebración del congreso y en algunos aspectos se ha retrocedido desde entonces. El trabajo de la COCU ha sido deficiente, insuficiente y ha estado obstaculizado por la discusión de problemas ajenos a sus funciones sustantivas. La polarización y el alineamiento corporativo han frenado el avance hacia el congreso. La permanencia de una COCU trabada en el enfrentamiento puede servir de pretexto y encubrimiento para el retraso o la postergación indefinida del congreso. En tanto que no se superen los obstáculos señalados, las reuniones de la COCU no tienen sentido y deben suspenderse. No asistiremos a ellas hasta que se restablezcan las condiciones que garanticen su funcionamiento" [29].

  

Legado y enfado del rector Carpizo;

"academización", propone Sarukhán

   El proceso de sucesión rectoral estaba en auge. El doctor Jorge Carpizo anunció, el 26 de octubre, su decisión de no buscar la reelección. El 5 de diciembre, presenta el informa final de su administración en donde, luego de enumerar programas alcanzados y metas cumplidas, expresó un marcado pesimismo:

   "Concluyo este informe contestando una pregunta que con frecuencia se me hizo, especialmente en este último año: si estoy satisfecho con lo alcanzado durante mi Rectorado. Desde luego que no. No pude implantar un buen número de las 26 medidas que integraron el primer paquete de la reforma académica. El segundo y tercer paquetes ya no pudieron ni siquiera plantearse".

   Acerca de la decisión para organizar el Congreso, el Rector Carpizo reconoció que había enfrentado la oposición de importantes núcleos de universitarios, aunque era la mejor opción que tenía para negociar el levantamiento de la huelga estudiantil: "En varios de los mejores sectores académicos de la Universidad existió inconformidad por la manera como se había resuelto el conflicto universitario. ¿Había una solución mejor? Si la había no la encontré y nadie la sugirió" [30].

   El 2 de enero de 1989, toma posesión como Rector de la UNAM el doctor José Sarukhán Kermez. La "academización", será su propuesta y bandera para la Universidad. Por ello, entiende "generar las medidas concretas y adoptar las actitudes que pongan al personal académico y a la vida académica de la comunidad universitaria como el objetivo central de la institución".

   Al Congreso, el nuevo Rector lo reconoce como resultado de "un acuerdo del Honorable Consejo Universitario". Sarukhán expresa su "convicción de que el Congreso Universitario deberá tener una estructura y metas fundamentalmente académicas y de que el personal académico deberá participar de manera mucho más central, tanto en su diseño como en su realización. Una vez aseguradas las condiciones para llevar a cabo un Congreso con tales características, este deberá realizarse lo más pronto posible. La Universidad debe volver a centrar su atención de lleno en el trabajo académico" [31].

   Para el nuevo Rector el Congreso, más que un evento deseable en sí mismo, era una obligación y una asignatura que debían ser superadas. En ese discurso, señalaba la que constantemente sería la rémora principal --más allá de las vicisitudes políticas--  para el Congreso: la falta de participación intensa de la mayoría de los profesores e investigadores. Sin el concurso de ese pilar del trabajo universitario, el Congreso no sería posible o lo sería, solamente, con la participación de los segmentos más politizados pero no necesariamente con quienes sostienen el trabajo definitorio de la Universidad, que es el de docencia e investigación. Además, Sarukhán entendía al Congreso como una prueba sin cuyo cumplimiento, la UNAM no podría atender asuntos que él consideraba más relevantes.

 

1989: consensos y reglas; "el Congreso

es un medio, no un fin", opina el Rector

   Con ese apremio, siete meses y medio después y sin que se hubiera resuelto el estancamiento de la COCU, los representantes de la Rectoría en esa Comisión proponen --el 21 de julio de 1989-- una fórmula para integrar las representaciones de los distintos sectores de la Universidad al Congreso y una ruta: la celebración de foros locales, de los cuales surjan iniciativas que los delegados llevarán a ese evento.

   Diez días antes, el Rector Sarukhán había dicho en una entrevista:

   "El Congreso es muy importante en la medida que fue el mecanismo que la comunidad universitaria se dio a sí misma para legitimar un proceso de reforma, para asegurar una participación amplia, irrestricta, de todas las personas que quisieran hacerlo en esta comunidad y para que no hubiera influencias unidireccionales o personales. Eso desde luego, significa problemas, porque es preciso hacer un esfuerzo muy grande para concertar ideas y voluntades.

   "En esa medida, el Congreso es muy importante. Pero no debe ser un fin. Creo que es un medio que nos debe permitir ponernos en la ruta de diseñar las grandes líneas en las que tenemos que concentrarnos para emprender reformas en asuntos que ya son conocidos. Particularmente, esto es necesario después de la síntesis de problemas universitarios que muy acertadamente dio a conocer el doctor Jorge Carpizo a través de sus diagnósticos y análisis" [32].

   Junto a la decisión de la Rectoría para echar adelante un Congreso cuyos resultados eran inciertos, pero que había el compromiso para realizar, otras circunstancias se conjugan para que el acuerdo en torno a las reglas de ese evento se vaya abriendo paso. Los principales dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario, anuncian su retiro del activismo estudiantil para dedicarse a terminar sus carreras y hacer política en otros espacios de la vida nacional.

   En el CEU, además, los estudiantes de esa corriente, autollamados "históricos" y que parecían oponerse a cualquier avance hacia el Congreso, se enfrentan cada vez más al grupo considerado como reformista, que tenía un proyecto de reivindicaciones académicas. En junio de 1989, ese grupo se separa del CEU para constituir la Corriente de la Reforma Universitaria (CRU). Aunque numéricamente limitada, esa Corriente adquiere relevancia gracias a su capacidad propositiva. Varios de sus miembros formaban parte de la COCU y allí, en contraposición a los representantes del CEU tradicional, contribuyen a edificar el consenso necesario para que --al fin-- haya reglas y plazos rumbo al Congreso Universitario.

   El 8 de diciembre de 1989, el Consejo Universitario aprueba la propuesta de la COCU para un proceso de deliberaciones previas al Congreso, así como para la elección de los delegados a ese evento. Estos son algunos de los rasgos principales de la detallada y extensa convocatoria (las reglas de elección y para la realización de foros locales ocuparon 32 páginas de la Gaceta UNAM).

   -El Congreso se integraría con un total de 848 delegados:

   318 alumnos por elección, que constituirían el 37.5% del total.

   318 profesores por elección, otro 37.5%

   106 académicos de investigación por elección, el 12.5%

   53 trabajadores administrativos por elección, el 6.25%

   47 directores de escuelas, facultades e institutos, el coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades y cinco representantes de la Rectoría, el restante 6.25%.

   -Entre el 15 y el 26 de febrero de 1990, la COCU organizaría una serie de "conferencias temáticas sobre los problemas de la Universidad y sus posibles soluciones" a cargo de "un grupo de destacados universitarios".

   -Del 19 de febrero al 9 de marzo, se desarrollarían Foros Locales, en "todas y cada una de las facultades, escuelas, planteles, institutos y centros de investigación". Cada Foro sería organizado por el consejo Técnico, Interno o Asesor de cada dependencia, ampliado con la participación de un mayor número de miembros de cada comunidad académica, de acuerdo con un instructivo que también dio a conocer la COCU. Esa ampliación, sería por sorteo a partir de listas de voluntarios en cada dependencia. Una comisión en cada dependencia, estaría a cargo de hacer una detallada relatoría del contenido de esos Foros. Las propuestas presentadas en cada Foro, serían "de tipo indicativo para los delegados al Congreso".

   -Entre el 12 y el 23 de marzo, se desarrollaría el proceso de elección de los delegados al Congreso. Las candidaturas se registrarían de manera individual en cada dependencia y para ser candidato, sería requisito haber presentado al menos una ponencia en el foro correspondiente.

   -El Congreso Universitario se realizaría del 14 de mayo al 4 de junio de 1990. Sesionaría en plenarias y mesas de trabajo. En ambos casos, el quórum sería de al menos el 75% del total de delegados (es decir, las plenarias sólo podrían funcionar con al menos 636 delegados presentes).

   -Los acuerdos en las plenarias del Congreso debían tener, para ser aprobados, al menos las dos terceras partes del total de delegados --es decir, el menos 565 votos a favor--. La misma proporción se requeriría en las mesas de trabajo.

 

1990: variadas conferencias temáticas,

quisquillosas normas parlamentarias

   Inauguradas por el Rector Sarukhán, las conferencias temáticas comenzaron el lunes 15 de enero de 1990. Fueron 70 disertaciones, a cargo de sendos universitarios, en torno a ocho temas centrales: 1) Universidad y sociedad. La universidad del futuro. 2) Estructura Académica. Profesiones, formación académica y planes de estudio. 3) Relaciones y métodos de enseñanza y aprendizaje. El ingreso, la permanencia, la titulación y el nivel académico. 4) La carrera académica. Los servicios académicos. Condiciones materiales de estudio y para la labor académica. 5) Investigación. 6) Extensión y difusión cultural. 7) Gobierno. Administración. Presupuesto y financiamiento de la UNAM. 8) Historia de la Universidad y de la reforma universitaria.

   La primera sesión de las conferencias temáticas estuvo a cargo de los doctores Leopoldo Zea y Pablo González Casanova en el auditorio de la Facultad de Medicina. Día tras día y hasta el viernes 20 de enero, los ocho temas fueron desahogados en auditorios de las diversas unidades de la UNAM en la zona metropolitana [33].

   Aunque inicialmente ceñidos al tema que daba título a su comparecencia, los conferencistas se ocuparon indistintamente de otros asuntos. Una estudio de esas conferencias, encontró que a lo largo de ellas, el tema de la investigación fue el más mencionado, en 22 disertaciones. La siguieron el de la formación académica de los alumnos en 18 conferencias y la capacitación de los maestros, en 17. El resto de los temas fueron abordados de la siguiente manera: administración también en 17 charlas; salarios, 14; financiamiento y presupuesto, 14; estructura académica, 13; planes y programas, 12; gobierno, 10; legislación, 9; matrícula, 9; métodos de enseñanza, 7; extensión, 6; profesiones, 4; infraestructura, 4; difusión, 4; titulación, 2 [34].

   Enero fue también, el mes de la definición final de las reglas para el Congreso. El día 24, el Consejo Universitario, a propuesta de la COCU, aprobó las "Normas parlamentarias para el desarrollo del Congreso Universitario", así como las "Reglas para la elección de los delegados al Congreso Universitario" [35].

   Las reglas para la elección de delegados, constaban de 82 artículos y 4 anexos. Con todo detalle, se explicaba el proceso de registro de candidatos, organización de las votaciones y cómputo en cada dependencia.

   Las Normas Parlamentarias, en 53 artículos, reiteraban el quórum del 75% que en plenarias del Congreso equivaldría a 636 delegados y en las mesas de trabajo, a 58 delegados. Reglas de asistencia, horarios, fechas (del 14 de mayo al 4 de junio), procedimientos para el registro en cada mesa, designación de presidencias de debates y comisiones de relatoría y atribuciones en cada caso, eran algunos de los detalles allí especificados.

   Las plenarias discutirían las propuestas que hubiesen alcanzado al menos dos terceras partes de los votos en las mesas de trabajo. Cuando en la plenaria una propuesta tuviera al menos la tercera parte de la votación, podría ser discutida por dos oradores a favor y dos en contra, cada uno de los cuales no dispondría de más de ocho minutos. Las mociones serían de un minuto, como máximo.

   Los delegados estaban comprometidos a participar de tiempo completo y durante todo el tiempo. Quienes faltasen tres veces a la mesa de trabajo que tuvieran asignada o a dos sesiones plenarias, serían dados de baja. Solamente la Dirección de Servicios Médicos de la UNAM podría extender comprobantes en caso de enfermedad.

   Las Normas establecían también, en su artículo 51, el destino de los acuerdos del Congreso:

   "Las conclusiones y la relatoría del Congreso serán asentadas en un documento, que se turnará al Consejo Universitario para ser asumidas en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de la recepción de las mismas".

 

Un foro local en cada dependencia:

8 319 ponencias, 10 832 ponentes

   Luego, entre febrero y marzo, se realizaron los Foros Locales. Los once temas de los foros, serían los mismos de las mesas de trabajo del Congreso.

   Esos temas, fueron los siguientes.

I.                   Universidad y Sociedad. La Universidad del futuro.

II.                Formación académica y profesiones.

III.             Estructura académica de la UNAM.

IV.            Relaciones y métodos de enseñanza-aprendizaje.

V.               Ingreso, permanencia, promoción, titulación y nivel académico.

VI.            Infraestructura y condiciones materiales de estudio y para la labor académica. Los servicios académicos.

VII.         La carrera académica en la UNAM.

VIII.      Investigación.

IX.            Extensión, difusión y medios de comunicación universitarios.

X.               Gobierno, administración y legislación.

XI.            Patrimonio, financiamiento y presupuesto.

   En total, se presentaron 8 mil 319 ponencias. El grupo de trabajo encabezado por Gilberto Guevara Niebla, especialista en asuntos de la educación superior, hizo una revisión de todas ellas para determinar qué temas habían sido abordados en cuáles foros. El resultado, aparece en la siguiente tabla.

 

 

Los Foros Locales

Número de ponencias y ponentes

 

T I

T II

T III

T IV

T V

T VI

T VII

T VIII

T IX

T X

T XI

Totales

Escuelas y facultades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ponentes

785

734

696

878

734

452

476

433

187

481

246

6 102

  Ponencias

606

575

542

646

542

319

354

332

160

345

216

4 537

Institutos y Centros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ponentes

 82

 30

 94

 21

 17

 45

121

274

 33

 96

 35

 848

  Ponencias

 76

 23

 65

 16

 17

 44

 99

208

 25

 75

 25

 673

Otros (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ponentes

 83

 47

 38

 27

 60

 42

 49

 13

172

190

 19

 740

  Ponencias

 66

 46

 37

 19

 59

 41

 47

 12

144

123

 19

 613

Bachillerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ponentes

478

146

522

524

245

305

256

 68

122

298

178

3 142

  Ponencias

337

135

372

505

206

215

165

 68

 78

185

130

2 396

Totales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ponentes

1428

957

1350

1450

1056

844

902

788

514

1065

478

10 832

  Ponencias

1085

779

1016

1186

 824

819

665

620

407

 728

390

 8 319

 

(*) Departamentos, centros y coordinaciones de extensión, difusión y servicios generales, académicos y administrativos

 Fuente: Gilberto Guevara Niebla, "Los foros locales". Noticias del Congreso, La Jornada, 10 de marzo de 1990. 

 

 

 

 

Elección de delegados. La abstención de

los universitarios crece del 43%, al 64%

      El viernes 16 de marzo de 1990, los universitarios eligieron a sus delegados al Congreso. En 92 dependencias, se colocaron urnas transparentes. En cada escuela y facultad, así como en los institutos y centros, las campañas se suspendieron un día antes. Toda la primera quincena de marzo se habían realizado debates entre los candidatos. En el sector administrativo, las corrientes del STUNAM formaron una planilla única para no escindirse en una votación general.

   En casi todos los casos, la misma noche de ese 16 de marzo se conocían los resultados en cada dependencia, que fueron anunciados de manera formal una semana después en sesión de la COCU.

   Campañas y discusiones en torno al Congreso, desbordaban a la UNAM. Sin embargo, en la elección de delegados ese 16 de marzo de 1990, participaron menos universitarios que en la votación para integrar la COCU, el 3 de diciembre de 1987.

   Los datos de las elecciones de delegados en 1990, comparados con el porcentaje de abstención de los comicios universitarios de 1987, ofrecen el siguiente contraste.

 


 

Votos en la elección de delegados al Congreso Universitario

realizada el 16 de marzo de 1990

 

Padrón

Votantes

% Votantes

Abstención

1990 %

Abstención

1987 %

Investigadores humanidades

    924

 738

79.8

20.1

13.88

Investigadores ciencias

  1846

1567

84.9

15.1

15.33

Profesores

Facs/ escuelas

14879

5543

37.2

62.8

39.03 *

Profesores

ENEP

  6655

2990

44.9

55.1

39.03 *

Profesores

Preparatoria

  2310

1536

66.5

33.5

29.6

Profesores

CCH

   2061

1729

83.9

16.1

22.35

Servicios

Administrativs

     438

  187

42.7

57.3

n.d.

Estudiantes licenciatura

Facs/escuelas

94593

32693

34.5

65.5

41.01 (*)

Estudiantes

Posgrado

Facs/escuelas

    505

    281

55.5

44.5

63.17

Estudiantes

Licenciatura

ENEP

55376

16134

29.1

70.9

41.01 (*)

Estudiantes

Posgrado

ENEP

    985

    160

16.2

83.8

63.17

Estudiantes

Preparatoria

56028

28486

50.8

49.2

44

Estudiantes

CCH

81609

22880

28

72

45.45

TOTALES

318 209

114 924

36

63.88

43.21

(*) Promedio de facultades escuelas y planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales.

FUENTES: Datos de la elección de 1990, elaboración propia a partir de informaciones publicadas en El Nacional los días siguientes a las votaciones. Datos de las elecciones de 1987, tomados del desplegado de la Comisión Especial del Consejo Universitario publicado en El Universal el 9 de diciembre de 1987.

 

 

 

   En las votaciones de 1987 para integrar la Comisión Organizadora, participó el 57% de los universitarios, distribuidos de la siguiente manera.

Elecciones de 1987 para integrar la COCU

Sector

Padrón

Votos

% abstención

Profesores

 26 086

 16 437

42.57%

Investigadores

   2 634

   2 247

14.88

Estudiantes

305 081

170 886

43.98

Totales

333 801

189 570

43.21

 

 

   En cambio, la participación general en 1990 fue de 36%, según se aprecia en la tabla siguiente.

 

Elecciones de 1990 para integrar el Congreso

Sector

Padrón

Votos

% abstención

Profesores

  25 905

11 798

54.45%

Investigadores

   2 770

2305

16.78

Estudiantes

289 096

100 634

65.19

Totales *

318 201

114 924

63.88

(*) Sumando el rubro "servicios administrativos": padrón de 438 y 187 votos.

 

   Los cuadros anteriores, demuestran la disminución en el interés de los universitarios respecto del Congreso. Para elegir a los integrantes de la Comisión Coordinadora, en 1987 votó el 57% de los académicos y estudiantes. Dos años y tres meses más tarde, para elegir a los delegados para el Congreso votó el 36%.

   Los investigadores, que están relacionados de manera directa y cotidiana con la Universidad, casi no modificaron su participación. En 1987 votó el 85% y en 1990, el 83% de los registrados en el padrón (es decir, una abstención del 15% y el 17%, respectivamente).

   Entre los profesores la variación fue mayor -cabe destacar que estos datos muestran, juntos, a los profesores de carrera y los de asignatura-. Para designar integrantes de la COCU, votó el 57% y en la segunda elección, menos del 47%. Dicho de otra manera, la abstención fue del 42.5% y 54.5%.

   El interés para participar en 1990, fue notablemente mayor entre los profesores del Bachillerato. En la Escuela Nacional Preparatoria, fueron a votar dos terceras partes de los docentes y en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el 84%. En cambio, esas elecciones les interesaron solamente al 37% de los profesores en escuelas y facultades

   Fue entre los estudiantes en donde el interés por el Congreso cayó de manera más drástica. En términos generales, varió de una participación del 56%, a menos del 35%. Es decir, la abstención aumentó del 44%, a más del 65%.

   Los estudiantes más participativos --o menos indolentes-- respecto del Congreso fueron los de la Escuela Nacional Preparatoria --casi el 51%-. Pero, curiosamente, en el CCH solo votó en 28% (a pesar del intenso interés de sus profesores o, quizá, debido a ello).

   Fue a votar algo más de uno de cada tres alumnos de licenciatura en escuelas y facultades, pero la participación fue del 55% entre los estudiantes de posgrado. En los planteles de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la participación estudiantil fue menor que en las escuelas y facultades ubicadas en Ciudad Universitaria. En cambio, los profesores de las ENEP acudieron más que los profesores de otras escuelas y facultades.

   ¿Qué muestran estas comparaciones? El dato más relevante, es el descenso en el respaldo al Congreso. En diciembre de 1987, quizá aún estaba fresca la curiosidad por ese evento académico: no había transcurrido siquiera un año de la huelga estudiantil y la necesidad del Congreso parecía más extendida entre los universitarios.

 

Menos polarización pero mayor cansancio,

aminoraron el interés por el Congreso

   Durante todo 1988, como se reseñó páginas atrás, la UNAM estuvo en tensión por el prolongado regateo acerca de las reglas ni siquiera para el Congreso mismo, sino para la elección de los delegados. Ninguna de las fuerzas políticas más intensamente involucradas en este asunto parecía tener interés suficiente en el Congreso.

   La Rectoría, como aceptaría más tarde el doctor Jorge Carpizo, entendía al Congreso como un riesgo para la Universidad y se consideraba acosada por los dirigentes del Consejo Estudiantil. La prioridad del Rector no fue realizar el Congreso, sino mantenerse en el cargo para defender la institucionalidad académica de la UNAM y no realizar el Congreso.

   Para el CEU, 1988 fue el año de apertura a la política nacional. Dirigentes y militantes estudiantiles, se volcaron a la campaña cardenista y la realización del Congreso Universitario dejó de tener para ellos la relevancia que había alcanzado con la huelga del año anterior.

   Los sectores académicos más ligados al trabajo cotidiano de la Universidad (especialmente los investigadores y los profesores de tiempo completo) reconocían que el Congreso era importante. Pero al mismo tiempo, entendieron que no había condiciones para ello ni en el plano nacional --en medio de lo que pareció una inédita y drástica crisis política después del triunfo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales del 6 de julio--  ni en la situación interna de la Universidad, con un Rector que ya estaba de salida y un proceso de sucesión especialmente agitado.

   Al parecer, esa colección de factores y el largo tiempo que había transcurrido entre la aprobación del Congreso y su realización, afectaron el ánimo de los universitarios. Como se recordará, el Congreso fue autorizado por el Consejo Universitario el 10 de febrero de 1987. Y no se inauguraría sino hasta el 14 de mayo de 1990. En esos tres años con tres meses --y un poco más de tres días-- la atención de los sectores de la Universidad fue virando hacia otros asuntos: especialmente a cumplir con el trabajo cotidiano que, con o sin Congreso, tenían que realizar los estudiantes y profesores.

   También puede haber influido la distensión que la llegada del nuevo Rector y el transcurso mismo de esos tres años, propiciaron entre los universitarios. Cuando ocurrió la designación de los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso, las principales fuerzas políticas de la Universidad se polarizaron de tal manera que, para delegados de estudiantes y profesores, había dos planillas claramente contrapuestas. Los alumnos del CEU y sus simpatizantes entre los académicos, construyeron sendas fórmulas en cada sector. Como ya se dijo, entre los estudiantes la coalición ceuísta ganó todas las 16 posiciones y entre los profesores, la planilla del CAU alcanzó 4 de los 12 sitios (gracias a la proporcionalidad que algunos de ellos habían impugnado meses atrás). Para enfrentar a esas planillas, los estudiantes y profesores cercanos a las posiciones de la Rectoría crearon, respectivamente, la Planilla Unidad Universitaria (que, con menos del 25%, no alcanzó los votos necesarios para ser considerada como minoría calificada) y el Frente Académico Universitario que colocó a 8 de los 12 profesores miembros de la Comisión Organizadora del Congreso.

   En 1987, la designación de esos representantes escindió a la Universidad. Las reglas mismas de esa votación, que obligaban a construir planillas completas para cada sector, propiciaban esa polarización a la vez que impedían que pudieran participar los profesores o estudiantes que no se alinearan con ninguno de los principales bandos en la disputa por el Congreso. Las campañas para aquella elección tuvieron que ser extensas: una misma planilla, tenía que promoverse entre los maestros o alumnos del bachillerato en sus numerosos planteles, las distintas facultades y escuelas e incluso en las unidades con estudios de posgrado.

   En cambio, aunque precedidas por la gran movilización que significaron los foros locales, las elecciones del 16 de marzo de 1990 estuvieron acotadas al ámbito de cada dependencia de la UNAM. No había planillas formales --si bien, especialmente en las escuelas de mayor población, se articularon listas que eran identificables por su afinidad con una u otra posición--. Un alumno o un académico podían ser electos en su facultad, escuela o instituto, sin necesidad de tener vínculos con ninguno de los grupos principales de la política universitaria.

   Aunque muchos de ellos identificados con alguno de esos bloques, los delegados al Congreso fueron electos de manera individual. Ese mecanismo, aparentemente evitaría la polarización en las discusiones y decisiones en ese evento. Sin embargo, no necesariamente ocurrió así. En los asuntos más conflictivos, el bloque del CEU y el bloque de la Rectoría se confrontaron en posiciones irreductibles. Como las reglas del Congreso establecían que no podía tomarse ningún acuerdo sin el consentimiento de al menos dos terceras partes de los delegados, muchas de las resoluciones del Congreso fueron sólo retóricas, o sobre temas muy específicos, o tan generales que podían ser susceptibles de diversas interpretaciones. Pero esa, fue otra historia.

  

Límite de tiempo en el Frontón Cerrado;

largo proceso de deliberaciones previas

   Todavía unas horas antes de su inauguración, el Congreso estuvo amenazado por litigios dentro de la Comisión Organizadora. Los delegados del CEU insistieron en que las sesiones plenarias fuesen transmitidas por Radio UNAM, tal y como había ocurrido cuando las negociaciones con la Rectoría en enero de 1987. Después de un tenso regateo, las transmisiones fueron aprobadas.

   En total, habría 846 delegados (en alguna dependencia no se designaron 2 delegados, de tal manera que la cantidad total y por lo tanto el quórum, disminuyeron ligeramente). Las sesiones plenarias serían en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, habilitado como escenario de los debates que se esperaban fuesen históricos. Tras la butacas de los delegados, separada por una malla de alambre, había una zona para que las sesiones fuesen presenciadas por el público que quisiera asistir, sin más limitación que el cupo. Las mesas del trabajo sesionarían en distintos auditorios y recintos de Ciudad Universitaria.

   Los delegados llegaban al Congreso con un amplio bagaje en materia de análisis y propuestas para la Universidad. Los resultados de cada uno de los foros de febrero y marzo, habían sido trabajados por las mesas de debates y luego por comisiones de relatoría integradas por miembros de los consejos técnicos o internos y los delegados ya electos en cada dependencia.

   Cada una de las once mesas del Congreso, tenía una comisión de relatoría que había recibido los documentos de los foros acerca de cada tema. Cada comisión de relatoría estaba integrada por un estudiante, un profesor, un investigador, un trabajador administrativo y un representante de las autoridades. Desde dos semanas antes del Congreso, las once comisiones trabajaron muy intensamente para preparar los documentos que servirían de punto de partida a la discusión en cada mesa de trabajo del Congreso.

   De acuerdo con las reglas para el Congreso, las sesiones serían de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, pero muchos delegados sabían que esos eran solamente buenos propósitos. La mayor parte de las tres semanas del Congreso los delegados trabajarían en la mesa a la que estuvieran adscritos, pero al final tenía que haber al menos seis sesiones plenarias. La última, no podría instalarse más allá del lunes 4 de junio y se esperaba que durase tantas horas que, quizá, la clausura sería después de esa fecha.

   Así fue el largo, accidentado e incierto camino al Congreso Universitario de 1990. Como tanto se ha dicho a veces la historia, al repetirse se vuelve, de tragedia, en comedia.

 

Granja de la Concepción, D.F.,

noviembre de 1999.

 

--0--

 

 

 


 

[1] El autor, fue delegado al Congreso Universitario de 1990 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en donde es investigador titular.

[2] Jorge Carpizo, Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diagnóstico de la situación de la UNAM, dado a conocer por el Rector doctor, Jorge Carpizo en reunión del H. Consejo Universitario. Ciudad Universitaria, 16 de abril de 1986, mimeo.

[3] Ibid.

[4] Jorge Carpizo, "Modificaciones académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México", en Cuadernos de Legislación Universitaria. UNAM, Número 3, mayo-agosto 1987, pp. 31-34.

[5] Consejo Estudiantil Universitario, "La transformación democrática de la UNAM no se negocia". La Jornada, 25 de noviembre de 1986.

[6] "La contrapropuesta del CEU". La Jornada, 17 de enero de 1987.

[7] Jorge Carpizo, "La UNAM abierta al diálogo", en Cuadernos de Legislación Universitaria, cit., pp. 73-75.

[8] "Propuesta de la Comisión de la Rectoría al Consejo Estudiantil Universitario" en Cuadernos..., cit., pp. 76-78.

[9] "Mensaje del doctor Jorge Carpizo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la comunidad universitaria y a la opinión pública". Mimeo., 29 de enero de 1987.

[10] Ibid.

[11] "Mensaje del Rector al Consejo Universitario". La Jornada, 11 de febrero de 1987.

[12] Los consejeros universitarios designados para formar parte de la Comisión Organizadora del Congreso, fueron: Jacobo Casillas Mármol, Salvador Díaz Cuevas, José García López, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel José Yacamán, Alfredo López Austin, Jorge Madrazo, Jorge Gregorio Martínez Stack, Alberto Monroy Limón, Roberto Moreno de los Arcos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Elvia Arcelia Quintana Adriano, Juan José Sánchez Sosa, Antonio Santos Romero, Héctor Tamayo, Carlos Javier Villazón.

[13] Consejo Estudiantil Universitario, "¡Levantamos la huelga. La lucha continúa!". La Jornada, 16 de febrero de 1987. Subrayado nuestro.

[14] Carlos Pereyra, "La cultura del agandalle", en La Jornada, 19 de junio de 1987.

[15] José Antonio Román, "Propuesta del CEU para establecer una mayoría calificada". La Jornada, 31 de julio de 1987.

[16] "Acuerdo de Consenso de la Comisión Especial del Consejo Universitario", en La Jornada, 1º. De octubre de 1987, pp. 24 y 25.

[17] José Woldenberg, "Pésima fórmula electoral". La Jornada, 3 de octubre de 1987. Reproducido en José Woldenberg, Revuelta y congreso en la UNAM. Coordinación de Humanidades, UNAM, 1994, pp. 69.

[18] Datos de las elecciones, tomados de "Consejo Universitario. Comisión Especial", en El Universal, 9 de diciembre de 1987.

[19] Los 16 representantes estudiantes fueron, por el Bachillerato: Leobardo Ordaz Zamorano, Yolanda Cruz Bonilla, Andrea González Rodríguez, Martí Batres Guadarrama, Víctor Virueña Muñiz y Adolfo Llubere Sevilla. Por la licenciatura: José Luis Alvarado González, María Isabel Vizuet Díaz, Imanol Ordorika Sacristán, Raúl Rincón Baltazar, Ricardo Becerra Laguna y Agustín Guerrero Castillo. Por el posgrado: Carlos Imaz Gispert, María Luisa Ceja Velázquez, Jorge Zavala Hidalgo y Ricardo Gamboa Ramírez.

[20] Los 16 representantes profesores, fueron los siguientes. Por el CAU: Fausto Nava y Arturo Delgado (del bachillerato), Adolfo Gilly y Axel Didriksson, de la licenciatura. Por el Frente Académico, Elvia Campuzano Reyes y Rogelio Escartín Chávez del bachillerato y de licenciatura: Máximo Carvajal Contreras, José Sanginés Barraza, Isidoro García Martínez, Jorge Cortés Obregón, Carlos Rosales Ortega y Carlos Oronoz Santana.

[21] Los delegados por la planilla Academia Universitaria, fueron Rafael Pérez Pascual, Arturo Warman y José Ruiz de la Herrán. Por la Planilla Universitaria de Investigación, Felipe Lara Rosado.

[22] "UNAM: abandonan la Comisión Organizadora 25 miembros". La Jornada, 11 de febrero de 1988. 

[23] "A la comunidad universitaria...". La Jornada, 18 de febrero de 1988.

[24] Jorge Carpizo, "Universidad, Política y Academia". Reproducido como inserción pagada, por la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional Preparatoria Num. 1. La Jornada, 14 de marzo de 1988.

[25] Convocatoria para la organización de los seminarios de diagnóstico. Mimeo, marzo 25 de 1988.

[26] Arturo Warman y Rafael Pérez Pascual, "Un nuevo acuerdo para el Congreso Universitario". La Jornada, 7 de septiembre de 1988.

[27] Mensaje del Doctor Jorge Carpizo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación a los acontecimientos del día 13 de octubre de 1988, con motivo de la sesión del Consejo Universitario. Mimeo., 14 de octubre de 1988.

[28] "A la comunidad universitaria". Documento de los comisionados Roberto Moreno de los Arcos, Miguel José Yacamán, et. al., mimeo., 18 de octubre de 1988.

[29] "A la comunidad universitaria". Documento suscrito por el Dr. Rafael Pérez Pascual, el Ing. José Ruiz de la Herrán y el Dr. Arturo Warman, en La Jornada, 20 de octubre de 1988.

[30] "Informe final del rector Jorge Carpizo". Suplemento en La Jornada, 6 de diciembre de 1998.

[31] Discurso pronunciado por el doctor José Sarukhán al rendir protesta como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mimeo, 2 de enero de 1988.

[32] "El Congreso, medio, no fin de la UNAM: Sarukhán". Conversación con el autor de este ensayo, en "Autonomía Universitaria", suplemento de El Nacional conmemorativo de los 60 años de la autonomía de la UNAM, 11 de julio de 1989.

[33] Los textos de todas las conferencias fueron publicados en los Cuadernos del Congreso Universitario, números 11 al 21, entre el 16 y el 29 de enero de 1990.

[34] Gilberto Guevara Niebla, "Las conferencias temáticas", en Noticias del Congreso, La Jornada, 3 de marzo de 1990.

[35] "Aprobadas, Normas Parlamentarias y Reglas para elegir delegados". Gaceta UNAM. Número 2444, enero 29 de 1990.